Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular (PP), ha reiterado la intención de aprobar reducciones de impuestos masivas si su partido llega al poder tras las elecciones del próximo domingo. La eliminación del impuesto a las grandes fortunas, la modificación de la reforma laboral pactada con empresarios y sindicatos, la eliminación de la ley de Vivienda o la reducción generalizada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) son las principales líneas de actuación económica que el popular ha asegurado que se implementarán si llegan a la Moncloa en una entrevista concedida al periódico Cinco Días.
“Tenemos que dar una respuesta rápida para poder dejar dinero en los bolsillos de los contribuyentes”, sostiene Bravo. Sin embargo, lo cierto es que la deflactación del IRPF que plantea el PP deja más dinero en unos bolsillos que en otros. Como ejemplo a seguir, el vicesecretario económico ha señalado a Comunidades Autónomas gobernadas por el PP donde se ha realizado esta medida, como es el caso de Madrid. En el caso del territorio gobernado por Isabel Díaz Ayuso, el mayor ahorro lo disfrutan las grandes fortunas y, según se reduce el salario, el ahorro es menor.
El salario mediano, aquel que divide en dos mitades la población, se sitúa en la Comunidad de Madrid en los 23.231,04 euros anuales. Los perceptores de este sueldo ahorran con la reforma aprobada por el PP madrileño a finales de 2022 en torno a 45 euros. Para las rentas más bajas el ahorro no alcanza los 20 euros; sin embargo, para aquellos que cobren por encima de los 50.000 euros la bonificación supera los 466 euros, según los datos de Gestha. Para el 0,1% más rico el ahorro alcanza los 7.500 euros anuales y para el 0,01% con mayor renta llega a alcanzar los 32.700 euros.
Esta reducción impositiva que beneficia en mayor medida a los ricos supone una fuerte reducción de las arcas públicas. No obstante, Bravo asegura que el objetivo es “incrementar la recaudación, la actividad económica, el empleo y la capacidad de atracción de inversión”, simultáneamente a la reducción de la deuda y el déficit. Todo ello reduciendo la recaudación impositiva. A esto se sumaría la supresión del impuesto a las grandes fortunas, que solo afecta a patrimonios de más de tres millones de euros, “la introducción de mayores deducciones fiscales” y la eliminación del impuesto a la banca y las energéticas, que declararon en 2022 los beneficios más altos de su historia.
Ni ley de Vivienda ni SMI
En lo que afecta directamente a la población, el PP se lava las manos y deja al mercado actuar. En el caso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuantía que el Gobierno ha elevado en un 47% (hasta los 1.080 euros al mes en 14 pagas), los populares deciden no asumir una competencia reservada al Ejecutivo y que sean las empresas y los sindicatos quienes lo negocien. Ni 100 euros subió en las dos legislaturas de Mariano Rajoy el salario de los que menos cobran (2,5 millones de personas), más de 300 en los últimos cuatro años.
“Con la subida del salario mínimo el único que gana es el Gobierno, que saca más dinero en cotizaciones y en IRPF”, señala Bravo, seguro de que pasar de cobrar 735 euros a 1.080 euros no ha beneficiado a las 2,5 millones de personas que perciben lo mínimo por su trabajo. “Hay que dejar trabajar a la patronal y los sindicatos”, traslada el vicesecretario económico, lo que dejaría a los trabajadores a merced de la aprobación de una patronal que siempre se ha posicionado en contra de elevar el SMI.
En materia laboral, Bravo carga de nuevo contra la reforma laboral que ha elevado la afiliación a la Seguridad Social a su mayor cifra de la historia (20,8 millones) y ha reducido el paro hasta niveles de 2008. El argumento, como viene siendo habitual, es el negacionismo de los datos y la utilización de los fijos discontinuos, figura contabilizada de la misma manera y por las Comunidades Autónomas desde los años 80. Por lo demás, “la reforma laboral que está en marcha es la de Fátima Báñez”, traslada.
Realmente, la norma definida por Yolanda Díaz y apoyada por empresarios y sindicatos tan solo mantiene un aspecto sustancial de la reforma de Báñez: los 33 días por despido (antes eran 45). Si bien este aspecto supuso el voto en contra de partidos como ERC o EH Bildu, al considerar que este aspecto tan lesivo no podía mantenerse; la norma ataca la temporalidad y fomenta los contratos indefinidos, razón por la que la tasa de temporalidad ha caído del 30% al 14%, beneficiando especialmente a jóvenes.
Otra batalla importante mantenida entre la izquierda y la derecha es la política de vivienda. Mientras desde el PP defienden la liberalización de suelo y los beneficios fiscales para propietarios, desde el Gobierno de coalición han defendido la construcción de vivienda pública y el tope a los precios de los alquileres en las zonas más tensionadas. “Tiene una mayor protección al okupa que al propietario de la vivienda”, asegura Bravo sobre la ley de Vivienda aprobada que asegura que van a derogar.
Lo cierto es que la okupación tan solo afecta al 0,07% de las viviendas, ha caído más de un 30% en los últimos cinco años segun el INE y, por el contrario, se producen 109 desahucios diarios. “Hay que proteger es al propietario de la vivienda, porque lo que ha provocado esta ley es una retirada enorme de pisos en alquiler, con lo que el precio sube. Esta ley no nos vale”, traslada el vicesecretario, siguiendo la línea de Ayuso o Juanma Moreno, que han boicoteado la aplicación de la ley en sus respectivos territorios.
