El Banco de España ha publicado un análisis exhaustivo sobre la situación del mercado del alquiler en el país y deja una conclusión meridianamente clara. Los expertos del organismo entienden que la intervención pública estaría plenamente justificada al constatar que la subida de los precios de la vivienda ha dejado a muchas familias y jóvenes expuestas a acogerse a alquileres, en lugar de plantearse la compra de inmuebles. Un incremento de la demanda que, sumado a la poca oferta, ha elevado los precios de tal manera que dedican a los gastos del arrendamiento más de lo deseable.
"Un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública", sentencia el informe realizado por los expertos Dmitry Khametshin, David López y Luis Pérez. El problema viene de lejos y los analistas consideran que la “rigidez relativa de la oferta de alquiler de vivienda” que se aprecia en el marcado ha propiciado “un crecimiento de los precios del alquiler que, en promedio, se situaría por encima del aumento de la renta de los hogares arrendatarios".
El informe es tajante y llama a asumir una serie de medidas que se proyecten para un “horizonte amplio” y que se centre especialmente en el estímulo de la oferta de vivienda. Asimismo, el Banco de España recomienda incrementar el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles, de igual manera que incentivar leyes que estimulen la puesta en el mercado de inmuebles que pertenecen a particulares y, ante la concesión de ayudas, se prioricen aquellas que vayan destinadas a los hogares más vulnerables.
El organismo ahonda en el porcentaje de hogares que necesitan gastar más del 40% de su renta bruta disponible para pagar su vivienda. Cuatro de cada diez hogares (40%) está en esta situación en España, muy por encima del resto de países europeos y de a media de los Veintisiete (23,5%). Esta situación golpea especialmente a los colectivos más vulnerables y con menos ingresos económicos, lo que lleva a España a ser el país con más personas alquiladas en riesgo de pobreza o exclusión social.
Todo esto mientras la compra de una vivienda se antoja imposible para la mayoría de ciudadanos, disparando el alquiler un 57% desde el año 2007, hasta las nueve millones de personas. Los arrendamientos, a su vez, están disparados y complican su acceso. “En particular, estos significativos esfuerzos dificultan la emancipación de los jóvenes y su capacidad de acumulación de capital humano, disminuyen la movilidad geográfica de los trabajadores, y dan lugar a situaciones tanto de sobresfuerzo y consumo restringido como de pobreza y exclusión social entre los hogares con menores ingresos", explica el Banco de España.
Las conclusiones del análisis destacan también la escasa progresión de la renta de los hogares que, unida a la fuerte subida de los alquileres, forma una mezcla mortal para las clases trabajadores. A su vez, el crecimiento de la renta de estos hogares está condicionado por la situación laboral de los mismos y se ve limitado por el escaso dinamismo de la productividad de la economía.
“Estas dinámicas han dado lugar a un incremento del esfuerzo asociado a la residencia en una vivienda de alquiler, en relación con la renta de los hogares, que se concentra en las principales áreas urbanas y turísticas y entre los hogares con menores ingresos”, señala el organismo. Actualmente, el Banco de España es pesimista y ve “difícil” encontrar soluciones a corto plazo para abordar de forma efectiva la magnitud del problema y paliar las dificultades de acceso a la vivienda.
“Estos problemas de accesibilidad y el actual tensionamiento en el mercado del alquiler residencial podrían mantenerse ante las dinámicas demográficas recientes y los datos más actualizados sobre construcción y rehabilitación de vivienda”, desgrana. Para dar la vuelta a la situación, el Banco de España reitera la necesidad de apostar por “el incremento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles y el diseño de un marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial por parte de los particulares y de agentes profesionalizados”.
