La empresa de reparto de comida, Glovo, acumula millones de euros en multas por distintas vulneraciones de la normativa laboral. La compañía, en propiedad del conglomerado alemán Delivery Hero, está bajo la lupa de la Inspección de Trabajo desde hace años y hace menos de un mes recibía otro varapalo, por valor de 550.000 euros, por vulnerar la intimidad y privacidad de sus trabajadores. Sin embargo, está consiguiendo sobrevivir gracias al aplazamiento de las sanciones que diferentes tribunales españoles están concediendo a la empresa.
Entre noviembre del pasado año y este enero, la Audiencia Nacional ha concedido la suspensión cautelar del pago de en torno a diez actas firmes que ascienden en conjunto hasta los 67,3 millones de euros. La compañía ha interpuesto diversos recursos que afectan entre otros a cinco sentencias emitidas por la sala de lo contencioso-administrativo. El resultado desprendido del ejercicio 2023 mostrará que Glovo sigue registrando pérdidas millonarias (más de 200 millones), pero el temporal amaina en comparación con años anteriores cuando llegó a registrar perdidas netas de 412 millones.
El aplazamiento de las obligaciones que tiene la multinacional con la Tesorería General de la Seguridad Social es posibilitador de esta mejora. De los 67,3 millones que se encuentra en suspensión, la sanción más significativa es la que Glovo consiguió paralizar a finales de noviembre. El Alto Tribunal ratificó la suspensión del pago por valor de 63,2 millones de euros, 24,2 en materia de liquidación y 39 por infracción, al entender que el perjuicio generado a la compañía podría ser de “especial importancia y difícil reparación”.
La Audiencia Nacional entiende que existen “excepciones específicas y acreditadas por las especiales circunstancias que rodean el acto que puede hacer procedente la suspensión”. El último de los aplazamientos de pago está fechado el pasado 29 de enero, aunque en esta ocasión el montante asciende hasta los 270.000 euros por un acta de liquidación y otra de infracción. Otra de dos millones de euros, que había sido rechazada en primera instancia, completa la suma total. No obstante, este proceder no saldrá gratis a la compañía.
Como contraprestación para gozar de la medida cautelar, la justicia exige a Glovo que presente garantías que cubran los importes. Este aval tiene un valor del 10% en concepto de intereses, lo que eleva el acumulado de las multas aplazadas hasta los 70 millones de euros. El Tribunal Supremo será el encargado de cerrar la disputa judicial, pero la compañía ya se prepara aprovisionándose con entre 30 y 45 millones trimestrales para este cometido. No obstante, los directivos de Delivery Hero no se baja de la burra y siguen defendido su proceder.
“Seguimos siendo de la opinión de que el sistema (de contratación) que pusimos en marcha es completamente acorde”, aseguraba hace unos días el director financiero, Emmanuel Thomassin. Más allá de su valoración personal, lo cierto es que Glovo tiene que afrontar las multas y los aplazamientos no han gustado ni a las asociaciones de riders, principales damnificados de la política de la compañía, ni a la competencia.
“Nuestro competidor afirma que va a la quiebra si tiene que pagar las multas que le imponen por no haber pagado impuestos y Seguridad Social durante años; es hora de que los tribunales cobren el dinero de los contribuyentes españoles”, ha defendido Jitse Groen, consejero delegado de Just Eat, molesto con el trato de la justicia a su competencia en el sector del reparto de comida.
Última multa
La última de las multas que transcendió, relativa a una investigación que comenzó a 2020, es la que condena a Glovo por violar la intimidad y privacidad de sus trabajadores. La Agencia Española de Protección de Datos concluía el pasado mes que la empresa realizaba un tratamiento abusivo de los datos de sus repartidores, interponiendo una multa por valor de 550.000 euros. El organismo considera probado que Glovo desarrolla una vigilancia que excede lo permitido y tolera que cualquier trabajador de su empresa consulte datos de los repartidores.
La lista de datos personales recogida por la Agencia es muy amplia: ubicación geográfica (en tiempo real); monitorización de cada paso de la entrega a través de una aplicación móvil que se descargaba en el móvil del repartidor; conservación sistemática de los datos sobre las comunicaciones intercambiadas con el operador de la plataforma a través de correos electrónicos, chats y llamadas de teléfono; tiempo de entrega (tanto estimado como real); rutas seguidas; cumplimiento de las órdenes; valoraciones de los repartidores por los clientes o vendedores; puntuaciones de reputación.
