El juez de la Audiencia Nacional que instruye el conocido como 'caso Villarejo' ha citado este viernes a partir de las 10.00 horas al BBVA en el marco de la pieza en la que indaga en los trabajos que habría realizado el ahora comisario jubilado José Manuel Villlarejo para la entidad.

Así consta en un auto de este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 llama a sede judicial al representante de la persona jurídica investigada: el propio BBVA.

Esta citación para declarar llega después de que el presidente de la entidad, Carlos Torres, declarase como testigo ante el juez la semana pasada. Ante el magistrado, Torres sostuvo que desconoció que el banco contrató los servicios de Villarejo hasta que el escándalo estalló en 2018, al tiempo que defendió la colaboración total de la entidad con la justicia.

Cabe recordar además que la Sala de lo Penal acaba de resolver que la instrucción de esta pieza separada del 'caso Villarejo' debe concluir el 29 de enero de 2024 después de seis años de investigación.

En esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -empresa de Villarejo- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 por lo que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

Multa millonaria al BBVA

Esta citación llega el mismo día en el que se ha tenido constancia de una multa millonaria que ha recaído sobre la entidad, concretamente de 1,64 millones de euros. Esta es la cifra con la que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al BBVA. ¿El motivo? Infringir diversos artículos del texto de privacidad en la gestión del caso de una anciana a la que robaron su tarjeta, su cuenta bancaria y los documentos de identidad. Los cacos, gracias a la información que sustrajeron, pidieron préstamos, contrataron nuevas tarjetas, hicieron cargos fraudulentos y transferencias, además de nuevas cuentas a nombre de la víctima. Sus familiares, previamente, avisaron al banco de la situación, que, pese a todo, reclamó la deuda contraída por los ladrones durante meses. La entidad, de hecho, incluyó a la mujer en los archivos de morosos, provocando que diversas empresas especializadas en cobro de deudas la presionaran para que pagara la cantidad adeudada por los asaltantes.

Según ha publicado eldiario.es, el BBVA ha admitido “errores” en el proceso y acepta la multa interpuesta por la Agencia ante las violaciones del código de privacidad de las que estaba acusada. La respuesta afirmativa permite al banco acogerse al pronto pago, logrando que la cifra total se reduzca medio millón de euros, hasta llegar a los 1,18 millones de euros. No obstante, entre las acusaciones de la AEPD figuran las medidas defectuosas para la contratación de productos, así como de la protección de los datos de sus clientes. El regulador, por tanto, concluye en su resolución final que no se ha atendido a sus alegaciones en lo relativo a esta infracción, por lo que anula el pronto pago y fija la cuantía en su cifra inicial. A pesar de ello, según la citada publicación, el banco recurrirá la sanción ante la justicia ordinaria.

El caso arrancó el 10 de abril del año 2020, con la víctima ingresada en una residencia de ancianos para recibir tratamiento oncólogico. En una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº10 de Barcelona, figura el robo que sufrió el centro sociosanitario, donde se recoge la sustracción del bolso de la víctima en cuestión, donde tenía, entre otras cosas, “el teléfono móvil, el documento nacional de identidad y la tarjeta de crédito”. Las sospechas de la familia conducen a una de las trabajadoras de la residencia, aprovechando que la víctima se encontraba sedada.

Entre los tres próximos días se registra un desfalco en la cuenta de la anciana de más de 13.500 euros, según cifras que maneja la familia. El 13 de abril, cuando se tuvo conocimiento del gasto, su hija se puso en contacto con el BBVA para dar parte del robo de la tarjeta. En ese momento, un trabajador de la entidad procede a anularla. No obstante, no bloquea todos los movimientos que se produjeron en ese periodo de tiempo. Los ladrones se valieron del móvil de la víctima para contratar, durante meses, varias tarjetas de crédito, préstamos, líneas de financiación con Carrefour e incluso la apertura de otras cuentas a nombre de la víctima. La familia denuncia que también detectaron movimientos en una de las cuentas de la hija vinculadas a la de su madre.