1,64 millones de euros. Esta es la cifra con la que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al BBVA. ¿El motivo? Infringir diversos artículos del texto de privacidad en la gestión del caso de una anciana a la que robaron su tarjeta, su cuenta bancaria y los documentos de identidad. Los cacos, gracias a la información que sustrajeron, pidieron préstamos, contrataron nuevas tarjetas, hicieron cargos fraudulentos y transferencias, además de nuevas cuentas a nombre de la víctima. Sus familiares, previamente, avisaron al banco de la situación, que, pese a todo, reclamó la deuda contraída por los ladrones durante meses. La entidad, de hecho, incluyó a la mujer en los archivos de morosos, provocando que diversas empresas especializadas en cobro de deudas la presionaran para que pagara la cantidad adeudada por los asaltantes.
Según publica eldiario.es, el BBVA ha admitido “errores” en el proceso y acepta la multa interpuesta por la Agencia ante las violaciones del código de privacidad de las que estaba acusada. La respuesta afirmativa permite al banco acogerse al pronto pago, logrando que la cifra total se reduzca medio millón de euros, hasta llegar a los 1,18 millones de euros. No obstante, entre las acusaciones de la AEPD figuran las medidas defectuosas para la contratación de productos, así como de la protección de los datos de sus clientes. El regulador, por tanto, concluye en su resolución final que no se ha atendido a sus alegaciones en lo relativo a esta infracción, por lo que anula el pronto pago y fija la cuantía en su cifra inicial. A pesar de ello, según la citada publicación, el banco recurrirá la sanción ante la justicia ordinaria.
El caso arrancó el 10 de abril del año 2020, con la víctima ingresada en una residencia de ancianos para recibir tratamiento oncólogico. En una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº10 de Barcelona, figura el robo que sufrió el centro sociosanitario, donde se recoge la sustracción del bolso de la víctima en cuestión, donde tenía, entre otras cosas, “el teléfono móvil, el documento nacional de identidad y la tarjeta de crédito”. Las sospechas de la familia conducen a una de las trabajadoras de la residencia, aprovechando que la víctima se encontraba sedada.
Entre los tres próximos días se registra un desfalco en la cuenta de la anciana de más de 13.500 euros, según cifras que maneja la familia. El 13 de abril, cuando se tuvo conocimiento del gasto, su hija se puso en contacto con el BBVA para dar parte del robo de la tarjeta. En ese momento, un trabajador de la entidad procede a anularla. No obstante, no bloquea todos los movimientos que se produjeron en ese periodo de tiempo. Los ladrones se valieron del móvil de la víctima para contratar, durante meses, varias tarjetas de crédito, préstamos, líneas de financiación con Carrefour e incluso la apertura de otras cuentas a nombre de la víctima. La familia denuncia que también detectaron movimientos en una de las cuentas de la hija vinculadas a la de su madre.
Los ladrones se pusieron en contacto con el banco en alguna ocasión, con el fin de tramitar operaciones en su nombre. No obstante, la entidad sí congeló aquellas operaciones. De hecho, alertaron a la familia de lo que estaba sucediendo. Todo ello mientras el entorno de la mujer trataba por todos los medios de dar de baja la línea, aunque resultó imposible por problemas con la operadora. El problema radica en que los cacos cambiaron el número asociado a la póliza de la mujer para seguir realizando movimientos. El BBVA apenas facilitaba soluciones, por lo que la familia se puso en contacto con los abogados de la anciana para que enviasen un burofax, con fecha del 3 de julio. Es decir, casi tres meses después de la primera denuncia. Los letrados reclamaron la “protección frente a la suplantación de identidad para sus representadas” y así evitar que se contrataran “nuevos productos a su nombre”.
Intervención de empresas de cobradores
La familia no se quedó inmóvil tras la sustracción de sus tarjetas. Reaccionó, insistiendo en que la anciana nada tenía que ver con todos los movimientos. Sin embargo, todos ellos avisos cayeron en saco roto. El 13 de julio de 2020, el BBVA exigió a la mujer el pago de todos los descubiertos que provocaron los ladrones, amenazando incluso con la “posibilidad de inscripción en sistemas de información crediticia” si no abonaba la cantidad adeudada. Al no asumirla, el BBVA la inscribió en el fichero de morosos Experian. “Me parece increíble que pongan a mi madre en un fichero de morosos por una deuda que sabéis perfectamente que ella no ha generado, sino que lo han hecho los delincuentes y BBVA. Ruego contactéis con vuestro Departamento Jurídico para que arreglen este tema y saquen a mi madre del fichero de morosos inmediatamente”, espetó la hija en un escrito remitido a la entidad bancaria.
Sin embargo, la tentativa de la hija de la víctima no surtió el efecto deseado. Pocas fechas después, la empresa de cobro de deudas Axactos, contactó con la mujer para gestionar el cobro de la cantidad íntegra. Tras ello, la familia presentó una denuncia contra el BBVA ante los tribunales. El banco no cambió la actitud y continuó presionando a la mujer para cobrar las deudas impagadas; momento en el que hace acto de presencia otra firma especializada en impagos, Intrum.
Toda esta situación desemboca en la resolución final de la Agencia de protección de datos para impedir la identificación de la víctima. Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona aseguró que “cuando menos esde el 14 de abril de 2020, BBVA tenía conocimiento del hurto sufrido” por la mujer y que esta -en este caso, su familia- cumplió con su cometido y “comunicó de forma inmediata” la sustracción de una de sus tarjetas. Por lo tanto, resumen, “todos los cargos habidos con las tarjetas cuya cancelación se solicitó el día 14 de abril de 2020, deben ser reintegrados”.
