La Abogacía del Estado ha retirado su acusación contra Iberdrola y los directivos de la compañía eléctrica investigados en la pieza 17 del caso Tándem, es la que se investiga la contratación del excomisario José Manuel Villarejo por parte de Iberdrola para presuntas labores de espionaje.

Así lo ha comunicado este viernes la abogada del Estado Rosa María Seoane en un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, al que ha tenido acceso ElPlural.com. 

La abogada del Estado, en la representación que legalmente ostenta y a través de su escrito, afirma que analizadas las actuaciones y los hechos que son objeto de investigación, aprecia la falta de legitimación activa respecto de los delitos que provisionalmente y sin perjuicio de la calificación definitiva que pueda formularse, pudieran ser constitutivos. De este modo, la Abogacía del Estado notifica que se aparta de la pieza 17.

"Ello sin perjuicio de que si en el curso de la investigación se advirtiera un perjuicio para la Administración del Estado, pudiera apreciarse por tal motivo nuestra legitimación como perjudicados y realizarse el oportuno ofrecimiento de acciones", se expone en el escrito.  

La Abogacía del Estado toma esta decisión toda vez "analizadas las actuaciones y los hechos que son objeto de investigación" en la presente pieza, relativa a los encargos que Villarejo supuestamente habría realizado cuando aún se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Presuntos delitos 
 

Estas presuntas labores de espionaje podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

A este respecto, cabe recordar que -según un oficio de Asuntos Internos elaborado a partir de la documentación requisada en registros policiales- fue en 2004 cuando la eléctrica contrató con Cenyt -empresa de Villarejo- a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto 'Arrow', que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para ese proyecto, que se extendió hasta 2006, el comisario accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial.

El pasado mes de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional decidió suspender la declaración como imputado tanto del presidente de la eléctrica José Ignacio Sánchez Galán como del resto de directivos a la espera de resolver sobre el recurso de nulidad que presentaron desde la compañía.

Ya en el pasado mes de agosto, García-Castellón rechazó el citado recurso de nulidad al no ver motivos para hacerlo. Sin embargo, todavía no hay fecha establecida para la declaración de Sánchez Galán ante el juez.