La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra tres doctoras, una de ellas directora a su vez, de la residencia pública de mayores Adolfo Suárez, en Madrid, por privar a dos de sus usuarios de una “adecuada” atención sanitaria que influyó “razonablemente” en el “fatal” desenlace de sus enfermedades.

El Ministerio Público imputa a las tres doctoras los delitos de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente en la residencia, cuya gestión pública está adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). El centro contaba, en marzo de 2020, con un total de 274 residentes, de los cuales solo 13 eran autónomos, mientras que 38 tenían una dependencia leve y 223, una dependencia moderada o severa.

91 muertes en la residencia

Según la Fiscalía, entre el 1 de marzo y el 18 de junio se produjeron 91 defunciones en el centro denunciado, de las que 80 estuvieron relacionadas con la Covid-19. Durante este periodo de tiempo, la residencia, con su directora al frente, desarrolló medidas de prevención y organización para tratar de paliar los efectos de la pandemia, “incluyendo el refuerzo de la atención sanitaria y el desarrollo de un sistema de comunicación diario con la doctora B. M., del Hospital Universitario Ramón y Cajal, designada por las autoridades competentes geriatra de referencia, quien era la encargada, en base a su criterio médico”.

Según mantiene la Fiscalía, ninguna de las doctoras llegó activar el citado mecanismo de coordinación “a pesar de que concurrían los presupuestos para hacerlo, y sin que conste razón justificada” en relación con dos usuarios que fallecieron en la residencia los días 6 y 1 de abril de 2020, respectivamente.

No se les prestó atención médica adecuada

Ninguno de ellos pudo ser valorado por la unidad de geriatría del hospital de referencia, ni fueron trasladados al centro, ni se les hizo en la residencia “un adecuado seguimiento y control médico”. Todo ello se hizo con conocimiento de la directora del centro, “que tampoco realizó acción alguna para solventar la situación”.

E. G. P., de 69 años de edad, fue atendido la primera vez por la doctora el 4 de abril, esto es, tres días después de comenzar con los síntomas que indicaban que podía estar contagiado por Covid-19. Durante una vista rutinaria la médica pautó antibiótico de amplio espectro, al tiempo que pidió que se hiciera un seguimiento del paciente. El usuario no pudo superar el cuadro y falleció dos días más tarde. “En ningún momento se realizó interconsulta con el hospital de referencia, ni para sugerir una posible derivación ni para pedir pautas de tratamiento”, añade la Fiscalía.

Para la Fiscalía, el tiempo que se tardó en prestar asistencia médica, así como la falta de un seguimiento “estricto” para evitar que el usuario se quitara el sistema de oxigenoterapia, unido a la ausencia de cualquier interconsulta sobre el paciente, pudieron incidir “razonablemente” en el resultado final, que le es “directamente imputable” a la responsable de la situación sanitaria del paciente.

El caso de J. R. B. es similar. Tenía numerosos antecedentes de broncoaspiración y el 25 de marzo sufrió uno de estos episodios sin que recibiera ningún tipo de atención médica “hasta el punto de que el usuario no fue revisado por una doctora hasta dos días después del incidente”.

El 26 de marzo, sin embargo, el hombre comenzó a tener fiebre y vio disminuido su nivel de conciencia. Durante esos cincos días previos a su fallecimiento, ocurrido el 1 de abril, “no consta ningún tratamiento de enfermería ni que fuera trasladado para seguimiento y control a dicho departamento”.