Agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares. Pero también el móvil de un redactor del Diario de Mallorca
Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.
La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.
Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales,no está siendo investigada.
Europa Press reitera su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y lamenta este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.
Las asociaciones de periodistas rechazan la actuación
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado "tajantemente" la incautación de documentación y equipos corporativos y personales con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.
La FAPE considera que esta incautación "vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero". En este sentido, la FAPE ha defendido que "en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información".
¿Qué es el secreto profesional?
"El secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información", ha manifestado.
Según ha añadido la Federación que preside Nemesio Rodríguez, "la periodista de Europa Press no está obligada a revelar quienes le facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrolla su trabajo".
"La jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada", ha recordado.
Por todo ello, la FAPE ha exigido la devolución del material incautado y "la aclaración de los hechos, sobre todo cuando Europa Press no está sometida a investigación alguna en este caso".
Los medios y el derecho a la información
Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) también se ha unido a la condena expresando su "más absoluta solidaridad y apoyo a los periodistas afectados, así como a los medios de comunicación en los que desarrollan su labor profesional".
Por ello se oponen a la a cualquier actuación policial o judicial, que "ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información" y recuerdan que los medios de comunicación desempeñan un "papel esencial de intermediarios del derecho a la información y a la libertad de expresión, del que son titulares todos los ciudadanos".
