La primacía de la Ley es un principio fundamental que supera la voluntad de las personas y conforma la legalidad. Es la regla de oro del Estado de Derecho y soporta la seguridad jurídica. Ahora bien, son la validez, la justicia y la eficacia las que convierten una legalidad en legítima. La validez de una ley se la otorga el órgano competente para formularla; es justa si atiende a lo que la sociedad considera como bueno y es eficaz si se cumple, incluso independientemente de que sea considerada válida y justa.
Dicho esto, y a la luz de la sentencia emitida por la sala primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, el 14 de marzo de 2013, en la que declara abusivas una serie de cláusulas implicadas en las hipotecas suscritas, como la referida a las cláusulas que no se han negociado individualmente, cuando se han redactado previamente y el consumidor no ha podido influir sobre su contenido y causan, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes implicadas en un contrato. Y así, hay un largo etcétera que ocupa 21 páginas de sentencia en la que se pone en auténtico ridículo a la ley hipotecaria española, que inicia la andadura en un Decreto de 8 de febrero de 1946 y se va completando con contribuciones de Decretos y Leyes varias, hasta el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
Cuando la crisis se desata, un juez, José María Fernández Seijo, ante la imposibilidad con la legislación española de paralizar un desahucio aplicado a Mohamed Aziz e infringido por la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CatalunyaCaixa), plantea una cuestión al Tribunal Europeo de Luxemburgo, que dictamina que las leyes españolas sobre desahucios no garantizan a los ciudadanos una protección frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas, vulnerando la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993. Esto supone, también, dar la razón a las demandas de la plataforma de afectados por la hipotecas.
Hemos vivido, largo y tendido, en un permanente abuso de los derechos ciudadanos. Legal, pero ilegítimo, como ha venido a afear la Unión Europea. Debería provocar sonrojo en el gobierno, máxime cuando hace bien poco, el 12 de febrero, que el PP tuvo que rectificar y aceptar debatir la iniciativa popular para frenar los desahucios, tras lo cual el Congreso aprobó, por unanimidad, admitir a trámite la iniciativa popular que fomenta la dación en pago. A partir de ahora, el PP tiene que modular su acción sobre los desahucios.
La legislación hipotecaria es de hace mucho tiempo y ha afectado a muchos gobiernos. En el último año todo se ha disparado. El PSOE, pese a que la cuestión no alcanzó en su mandato la gravedad de ahora, se enmienda tomando iniciativas, que es como mejor se piden las disculpas. La presión de la calle es la que ha desencadenado el reventón hipotecario.
Los bancos, ahora esperan, para ver que pueden hacer, ¡cuidado!. El Presidente del Gobierno decía que no se podía generalizar la dación en pago, sin cambiar la legislación. Ahora dicen otra cosa, para variar. Los jueces no tienen por qué esperar las medidas del gobierno para actuar, Europa “manda” más, y al parecer mejor. Nuestra legislación hipotecaria, estaba plagada de cláusulas abusivas, a las que no se les hacía caso, quizás porque tiempo atrás no cabía esperar dejar de pagar una hipoteca, ¡qué tiempos aquellos! Eso tapaba un mediocre trabajo parlamentario. Ahora, todo ha cambiado. Ha sobrevenido la debacle. Lo peor del caso, es que los paganos, los de siempre, se ven sorprendidos de que sus bancarios, conocidos, tenidos por amigos, resulta que cuidaban que no supieran demasiado. Abusaban y no pensaban que se les podría hundir el “kiosco”. Ahora Europa, si vale. La legalidad puede ser legítima ¡Menos mal!
Alberto Requena es Presidente del Partido Socialista de la Región de Murcia
Dicho esto, y a la luz de la sentencia emitida por la sala primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, el 14 de marzo de 2013, en la que declara abusivas una serie de cláusulas implicadas en las hipotecas suscritas, como la referida a las cláusulas que no se han negociado individualmente, cuando se han redactado previamente y el consumidor no ha podido influir sobre su contenido y causan, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes implicadas en un contrato. Y así, hay un largo etcétera que ocupa 21 páginas de sentencia en la que se pone en auténtico ridículo a la ley hipotecaria española, que inicia la andadura en un Decreto de 8 de febrero de 1946 y se va completando con contribuciones de Decretos y Leyes varias, hasta el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
Cuando la crisis se desata, un juez, José María Fernández Seijo, ante la imposibilidad con la legislación española de paralizar un desahucio aplicado a Mohamed Aziz e infringido por la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CatalunyaCaixa), plantea una cuestión al Tribunal Europeo de Luxemburgo, que dictamina que las leyes españolas sobre desahucios no garantizan a los ciudadanos una protección frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas, vulnerando la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993. Esto supone, también, dar la razón a las demandas de la plataforma de afectados por la hipotecas.
Hemos vivido, largo y tendido, en un permanente abuso de los derechos ciudadanos. Legal, pero ilegítimo, como ha venido a afear la Unión Europea. Debería provocar sonrojo en el gobierno, máxime cuando hace bien poco, el 12 de febrero, que el PP tuvo que rectificar y aceptar debatir la iniciativa popular para frenar los desahucios, tras lo cual el Congreso aprobó, por unanimidad, admitir a trámite la iniciativa popular que fomenta la dación en pago. A partir de ahora, el PP tiene que modular su acción sobre los desahucios.
La legislación hipotecaria es de hace mucho tiempo y ha afectado a muchos gobiernos. En el último año todo se ha disparado. El PSOE, pese a que la cuestión no alcanzó en su mandato la gravedad de ahora, se enmienda tomando iniciativas, que es como mejor se piden las disculpas. La presión de la calle es la que ha desencadenado el reventón hipotecario.
Los bancos, ahora esperan, para ver que pueden hacer, ¡cuidado!. El Presidente del Gobierno decía que no se podía generalizar la dación en pago, sin cambiar la legislación. Ahora dicen otra cosa, para variar. Los jueces no tienen por qué esperar las medidas del gobierno para actuar, Europa “manda” más, y al parecer mejor. Nuestra legislación hipotecaria, estaba plagada de cláusulas abusivas, a las que no se les hacía caso, quizás porque tiempo atrás no cabía esperar dejar de pagar una hipoteca, ¡qué tiempos aquellos! Eso tapaba un mediocre trabajo parlamentario. Ahora, todo ha cambiado. Ha sobrevenido la debacle. Lo peor del caso, es que los paganos, los de siempre, se ven sorprendidos de que sus bancarios, conocidos, tenidos por amigos, resulta que cuidaban que no supieran demasiado. Abusaban y no pensaban que se les podría hundir el “kiosco”. Ahora Europa, si vale. La legalidad puede ser legítima ¡Menos mal!
Alberto Requena es Presidente del Partido Socialista de la Región de Murcia