Eufóricos por lo que sin duda es una gran victoria de la sociedad en contra del despotismo de un gobierno ebrio de mayoría y con resaca por los muchos compromisos adquiridos en su viaja a la Moncloa, corremos el peligro de encalarnos, como los toros con el pelele, con el cadáver político de Gallardón, sin caer en la cuenta -hay que tenerlo presente a cada instante- de que la ley no era de tan cursi ministro, sino de todo el Gobierno y, fundamentalmente, del Partido Popular, que la bendijo en el Congreso y que mantiene desde la pasada legislatura un recurso contra ella ante el Constitucional, un recurso que difícilmente decaerá y que está en manos del más carca de los magistrados del tribunal como lo es Andrés Ollero.

La partida no está por tanto acabada. Más bien al contrario, se va a librar ahora en el silencio, por no decir sordidez, de las salas y despachos del redondo edificio de la calle Doménico Scarlatti. El PP lo sabe y por eso ha dejado caer la estrambótica y cruel ley de Gallardón, elaborada, dicen, contando con el asesoramiento de una serie de estridentes "expertos" cuidadosamente seleccionados "ad hoc" de entre los más conservadores, moralistas y polémicos personajes de la sociedad española.

El magistrado elegido para elaborar la sentencia que decidirá sobre ese recurso es nada menos que Andrés Ollero, miembro del Opus Dei y diputado del PP hasta 2003, no parece la persona más idónea para hacerse cargo de la ponencia de la sentencia sobre un asunto como ese, del mismo modo que dejar ahora la reforma de la ley socialista en manos de la ministra Ana Mato, de perfil parecido, salvo en el aspecto académico y jurídico, al del diputado, parece más bien un sarcasmo, como lo fue dejar ayer en manos de la ministra de Trabajo la respuesta a la pregunta del grupo Izquierda Plural sobre la abortada reforma.

De todo lo anterior lo menos anecdótico, lo más trascendente es ese recurso varado desde hace ya tres años en el Constitucional. Y el que eso sea así no deja de ser una prueba de la astuta estrategia del PP, que se protege siempre de los "desmanes" democráticos, cubriéndose las espaldas creando ese "doble circuito de frenos" que es su ocupación de los tribunales de garantía, como sin el Supremo o el Constitucional. Lo peor del asunto, es que el PSOE no ha sido capaz jamás, ni teniendo mayoría en el parlamento, de contrarrestar esta estrategia.

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