Este jueves se ha celebrado el juicio contra Ana García, operadora de cámara de La Sexta, acusada de desobediencia a la autoridad al haberse negado a entregar su cámara el 24 de noviembre de 2012 cuando grababa una manifestación contra los desahucios en Sevilla.
En el juzgado de lo penal número 10 de la capital andaluza, García ha negado que insultara a los agentes o que alentara a los manifestantes, versión que han apoyado todos los testigos en el juicio. Desde la Fiscalía se una pena de nueve meses de prisión, así como una multa de 109 euros por daños en un vehículo policial cuando era detenido, algo que también ha negado.
Defensa de sus compañeros
La abogada de Ana García, Inmaculada Torres, explicó este miércoles en el programa Más Vale Tarde que entiende que la detención fue completamente ilegal porque "no había ningún motivo jurídico para detenerla". Además, señala que "la cámara no la debe pedir un policía".
Desde la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) también defienden que en la detención de García se vulneró el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de la ciudadanía a una información veraz, como también denunció la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA). También recuerda la APS como su detención hace ya casi tres años y medio, provocó la protesta unánime de toda la profesión periodística, llevando a cabo numerosas acciones que reivindicaban su absolución.
Desde la APS se entregó en la Delegación del Gobierno en Andalucía un escrito con las firmas de 1.610 personas, en su inmensa mayoría profesionales del periodismo, en el que se pedía la retirada de los cargos y se consideraba que se había vulnerado el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz.