La Xunta de Galicia habría vulnerado la ley al negar información sobre el psiquiátrico La Robleda, en A Coruña, del que el Defensor del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, publicaba un exhaustivo informe advirtiendo de trato vejatorio a los pacientes.
La situación ha provocado un auténtico choque de trenes entre el organismo de Ángel Gabilondo, que mantiene lo que plasma el documento, y la Fiscalía y el Ejecutivo de Alfonso Rueda, que contemplan que todo funciona con normalidad. Este último, además, estaría faltando a la normativa.
Así lo denuncia en declaraciones a ElPlural.com el Bloque Nacionalista Galego (BNG) a través de su diputada Iria Carreira, del Parlamento regional: “Desde el partido hemos requerido información a la Xunta tanto de las cuantías económicas que percibe como de las contenciones mecánicas (…) Y el Gobierno de Rueda no ha revelado ninguna información a día de hoy. La opacidad con la que está trabajando es inmensa”.
La opacidad con la que está trabajando el Gobierno de Alfonso Rueda es inmensa
Carreira deja claro a este periódico que seguirán “demandando más información y un informe de la inspección realizada” y que continuarán “trabajando por las condiciones de los pacientes de este centro y de cualquier otro”. Otras fuentes del BNG citan la petición de información en primavera del año pasado y confirman que el presidente de Galicia estaría pasando por alto el artículo 9 del Parlamento, por el que se regula el derecho de los diputados y diputadas a recibir información”.
Acerca de La Robleda, Carreira valora “desde la prudencia y la cautela”, pero evidencia que el modus operandi de la Xunta es el mismo en todo cuanto tiene que ver con el sistema sanitario en general y la salud mental en particular. “Podemos hablar de la situación en la Atención Primaria, pero también de recursos especializados como los servicios de salud que tienen unas listas de espera inasumibles, o las unidades de hospitalización, tanto en centros públicos y privados, que no están dando unas garantías mínimas de que la atención a salud mental sea de calidad”.
Entre los principales puntos que afea se encuentra que el equipo del PP, que disfruta de mayoría absoluta en la comunidad del noroeste, hace un “esfuerzo mínimo para erradicar las contenciones mecánicas” y por “lograr una integración real de las personas con un trastorno mental grave de larga duración”. “Reclamamos que puedan llevar una vida normal con unos recursos tanto sociales como sanitarios adecuados para sus patologías”.
Lo que está claro, a juicio del BNG, es que en La Robleda la Xunta actuó “tarde” por el número de inspecciones que hizo en más de una década (siete), así como sus actuaciones “ya después de que el informe se produjera”. Sea como fuere, el caso deja una situación poco común, con la contradicción entre tres organismos primordiales en estos escenarios.
"Aislamiento habitacional", "régimen disciplinario" o "fármacos con dosis fuera de ficha"
En el psiquiátrico, que se encuentra a unos kilómetros de Santiago de Compostela, se habrían llevado a cabo encierros involuntarios durante plazos injustificados e incluso agresiones sexuales, según denunciaba una paciente y recogía el texto.
Sin embargo, la Fiscalía cerraba diligencias sin detallar cuáles practicó y sin apreciar indicios de delito y la Xunta no encontraba irregularidades. El organismo jurídico no detalla qué diligencias practicó par ver si aquí se llevaba a cabo o no un trato vejatorio que incluía “contenciones que se mantienen durante semanas”, “fármacos con dosis fuera de ficha técnica”, “aislamiento habitacional” o “régimen disciplinario” con “castigos”.
Por parte del Gobierno autonómico, todo se quedó en una serie de “recomendaciones de cara a mejorar el funcionamiento y una mayor calidad asistencial”, según informaba el diario El País. En los puntos destacaban por ejemplo el aumento de ratios, y es que en el momento del informe solamente una psicóloga se hacía cargo de casi cien pacientes.
La empresa, Hestia Alliance, aplaude que el organismo jurídico archivara la investigación, también la parte que contempla las diligencias preprocesales que abrió tras la denuncie de presunto abuso sexual. En el momento de publicación de estas líneas, la compañía promete que están buscando más profesionales y “elementos de perfeccionamiento y trazabilidad”.
Más en detalle, dice dirigirse hacia la incorporación de un protocolo de contención cero o una actualización del registro de forma telemática para que recoja el inicio y el fin de algunas prácticas y las actuaciones que se realicen con el objetivo de intentar evitar una medida, así como la razón que en última instancia condujo a llevarla a cabo, en caso de ejecutarse.
Por último, la firma pone en valor la creación de una Comisión de Seguridad del Paciente en la que trabajadores de todos los ámbitos del centro hagan un seguimiento de las medidas restrictivas y otros indicadores; y la creación de un protocolo de consentimiento informado para las salas con cámara.