Apenas dos horas bastaron para que el Gobierno murciano, liderado por el PP, diera un giro inesperado y anulara la adquisición de viviendas destinadas al acogimiento de menores, tras el enésimo ultimátum de Vox. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, comunicaba a través de redes sociales la cancelación de un plan que su propio Ejecutivo había impulsado y que contaba con el respaldo de organismos como Unicef, la Unión Europea o el Ministerio de Infancia y Juventud.
La medida respondía inicialmente a la necesidad de evitar la masificación en el centro de menores Rosa Peñas, ubicado en Santa Cruz, que alberga a 60 niños y adolescentes. Sin embargo, la voluntad de modernizar los recursos y repartir a los menores en pisos más adecuados ha chocado de frente con la imposición de Vox, que ha convertido esta cuestión en su enésima línea roja presupuestaria.
"La Comunidad revoca la orden por la que contempla la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder", escribió Ruiz en su perfil de X, evidenciando el brusco viraje del Ejecutivo regional ante la presión de sus socios ultraconservadores.
La decisión deja en el aire el destino inmediato de esos 60 menores, después de que el Gobierno murciano aceptara cerrar el centro Rosa Peñas como parte de los acuerdos presupuestarios con Vox. El cierre había sido justificado apelando al consenso internacional sobre la conveniencia de evitar centros de grandes dimensiones para la infancia vulnerable. Lo que parecía una apuesta por la dignificación de estos niños se ha convertido ahora en un capítulo más del chantaje político que condiciona las políticas sociales de la Región.
El pasado 28 de junio, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) recogía una orden por la que la Consejería de Economía cedía a la de Política Social las competencias necesarias para comprar los inmuebles. El objetivo era habilitar 385 plazas residenciales, “adaptadas al nuevo modelo de cuidados de la infancia”. El plan se enmarcaba en el proyecto europeo 'ModernizAcción', que perseguía, según el propio Gobierno regional, “la creación, adaptación y mejora de las infraestructuras residenciales y de los modelos de protección, en especial de niños y niñas migrantes no acompañados o con necesidades especiales”.
Nada de esto ha bastado para frenar la embestida de Vox. Su líder nacional, Santiago Abascal, amenazaba pocas horas después de conocerse el plan: "Si esto no es inmediatamente retirado y recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos o tendrán que aprobarlos con el PSOE". Su vicepresidente en la Región, José Ángel Antelo, se sumaba con la misma vehemencia: "El PP tiene que rectificar de manera inmediata la orden del BORM que dice que se compren viviendas para menas. Si el PP no cumple, votaremos que no al presupuesto".
Vox fue más allá y amenazó con exigir la dimisión de la consejera Conchita Ruiz si no daba marcha atrás, mientras el PP accedía una vez más a las exigencias del partido de ultraderecha, alimentando la dependencia del Gobierno murciano de un socio que no pierde ocasión de marcar su agenda ideológica.
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. El secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas Ayala, lamentó que el Ejecutivo siga supeditando sus decisiones a Vox y recordó que los socialistas ofrecieron un acuerdo presupuestario "sin líneas rojas", centrado en «los problemas reales de la ciudadanía». Ayala instó al presidente Fernando López Miras a “romper el pacto de la vergüenza” para “liberar a la Región del delirio y el chantaje permanente de Vox”.
Por su parte, María Marín, portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, fue tajante: "Ya sabemos el precio de los presupuestos en la Región de Murcia: los derechos humanos". Marín acusó al PP de dejar “en la calle” a estos menores y de consentir políticas que “denigran y humillan” a niños y niñas vulnerables. “Y lo vamos a demostrar con una movilización masiva, más masiva si cabe aun después de esto, frente al cierre del centro de menores y estas políticas racistas y miserables”, anunció.
Mientras tanto, Vox no se conforma solo con vetar las viviendas. Entre sus exigencias figura la implantación en Murcia de un sistema como el de Aragón para verificar la edad de los menores migrantes, así como la retirada de subvenciones a ONG que, a su juicio, fomentan la inmigración irregular. Todo un catálogo de medidas que, más allá de las necesidades reales de la infancia tutelada, persiguen alimentar el discurso antiinmigración que caracteriza al partido de Abascal.