Cinco años después de la pandemia, la gestión de Isabel Díaz Ayuso en las residencias de ancianos sigue siendo motivo de polémica. Con miles de fallecidos y sin una asunción de responsabilidades, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por negar los datos oficiales y tratar de reescribir la historia. El último episodio de este intento de control narrativo ha llegado con la emisión del documental 7291 en RTVE, que expone las decisiones políticas que llevaron a la muerte de miles de ancianos sin asistencia médica en Madrid.
El gobierno regional no ha tardado en reaccionar. Antes del estreno del documental, la Comunidad de Madrid envió una carta a RTVE exigiendo la inclusión de un vídeo de Ayuso en el programa. Según la administración madrileña, la producción de Juanjo Castro tiene un "marcado sesgo ideológico" y ofrece "información que no se corresponde con la realidad". Con este movimiento, Ayuso pretende contrarrestar la versión del documental con su propio relato, en el que insiste en que las cifras de fallecidos han sido manipuladas por la izquierda para atacarla políticamente.
Un intento de controlar la narrativa de las muertes en residencias
El ministro de Presidencia madrileño, Miguel Ángel Martín, ha enviado una carta a RTVE exigiendo que, junto al documental, se emitan dos piezas: una con declaraciones recientes de Ayuso defendiendo su gestión y otra que, según el gobierno regional, “pone de manifiesto el éxito de la Comunidad de Madrid y las negligencias del Gobierno central durante la crisis del COVID-19”.
En la misiva, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, la administración madrileña sostiene que 7291 tiene un “marcado sesgo ideológico” y que “ofrece información que no se corresponde con la realidad”. Además, denuncia que en el documental no se han contrastado datos con otras comunidades ni se han mencionado “las actuaciones negligentes e ilegales del Gobierno central durante dicho periodo”.
El escrito también defiende que los tribunales han fallado en más de sesenta ocasiones a favor de la Comunidad de Madrid en temas relacionados con la pandemia, insinuando que el documental omite deliberadamente información clave para perjudicar a la administración regional. En resumen, el gobierno de Ayuso intenta equilibrar su imagen en la televisión pública, en un claro intento de minimizar el daño reputacional que puede ocasionarle la emisión de 7291.
Un documental que incomoda al gobierno de Ayuso
7291 toma su nombre de la cifra oficial de fallecidos en residencias durante los primeros meses de la pandemia, aunque la Comunidad de Madrid ha tratado de rebajar este número a 4.100. La producción recoge testimonios de familiares de víctimas, expertos y responsables políticos como el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien dimitió tras denunciar los llamados protocolos de la vergüenza que impedían trasladar a ancianos a hospitales.
El documental pone sobre la mesa las decisiones políticas que determinaron quién recibiría atención médica y quién no. Los protocolos internos de la Comunidad de Madrid descartaban a residentes en función de su nivel de dependencia y deterioro cognitivo, condenándolos a morir en sus centros sin asistencia hospitalaria. Esta práctica, negada repetidamente por Ayuso, ha sido documentada en correos electrónicos y testimonios de personal sanitario.
Una emisión que Ayuso intentó evitar
El documental 7291 fue solicitado para su emisión en Telemadrid por el grupo Más Madrid el pasado otoño, llegando incluso a recogerse firmas para ello. Sin embargo, la cadena autonómica, controlada por el PP gracias a su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ha ignorado estas peticiones.
A pesar de este veto en la televisión pública madrileña, la película documental ha conseguido una notable acogida en salas de cine de Madrid y Barcelona, lo que ha facilitado su llegada a RTVE. Este jueves, 7291 se emitirá en La 2 y el Canal 24 Horas a las 23:10, tras una programación especial con motivo del aniversario de la pandemia.