Los servicios informativos de Castilla y León destacan por no contar con una televisión autonómica como sí cuentan otras comunidades autónomas. Este servicio público en la comunidad gobernada en la actualidad por la coalición del Partido Popular con Vox está cedido a un proyecto privado que ha protagonizado durante años notorias irregularidades y polémicas. En la actualidad, los propios trabajadores de la Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL) están denunciando “la manipulación de la información política”, así como las condiciones que impone la empresa en la negociación del convenio colectivo.

Este proyecto se trata de una sociedad anónima en la que participan al 50% dos grupos de comunicación: Promecal, liderado por Méndez Pozo (empresario condenado a siete años de cárcel por falsedad documental) y Edigrup. Pero, aunque es una empresa privada, su financiación es pública y cada año, la Junta de Castilla y León le da una subvención directa que en los últimos ejercicios no ha bajado de los 20 millones de euros.

Con este contexto sobre la mesa, y por primera vez en la historia del medio de comunicación, los profesionales de la televisión denuncian la manipulación que sufren por parte del Gobierno de Mañueco y las presiones de la empresa.

En un comunicado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) al que ha tenido acceso ElPlural.com, se asegura que “desde la salida de Raúl Briongos, director de informativos, la orientación y manipulación que se le está dando a la información política en los informativos dista mucho de la que debería tener cualquier medio de comunicación que quiera mostrarse veraz, objetivo y creíble”.

La protesta de los trabajadores también se refiere a la propuesta de la empresa para renovar el convenio. “No aceptamos ningún agravio más y no vamos a permitir que se juegue con nuestro futuro y el de nuestras familias. Necesitamos salarios dignos y actualizar las condiciones laborales a los nuevos tiempos. No podemos renovar, como quiere la empresa sin negociación alguna, un convenio colectivo desfasado e impropio de un sector audiovisual pujante y en evolución permanente”, explican.

En el mismo sentido, aseguran que “la dirección de la empresa ya está incumpliendo su compromiso con los trabajadores al no subir, a sabiendas de que tienen la obligación legal de hacerlo, el IPC pactado”. “Es decir, no contentos con no querer negociar subidas salariales necesarias para salir de la precariedad en la que nos encontramos, se permiten el lujo de bajarnos el sueldo incumpliendo todo lo pactado. A expensas de ver cuál es su actitud en la mediación ante el SERLA, acudiremos a los tribunales si es necesario”, añaden.

La versión de la televisión

Ante estas reclamaciones y protestas, también denuncias de manipulación, la propia empresa ha lanzado un comunicado respondiendo a ellas. “En relación a los comunicados difundidos por diversos sindicatos y partidos políticos, la dirección de RTVCyL desea clarificar que dichas manifestaciones han sido publicadas coincidiendo con el momento de apertura de negociación del convenio colectivo”, comienzan.

 “La posición de la empresa en esta negociación es llegar a un acuerdo que satisfaga plenamente a los trabajadores bajo una premisa de responsabilidad ante la situación actual de incertidumbre económica a todos los niveles”, continúan.

Para finalizar, recriminan: “La dirección lamenta que comunicados como los publicados en un momento de negociación afecten negativamente, no sólo a la imagen pública de la cadena, sino que también hagan que la sociedad de Castilla y León cuestione el prestigio profesional de sus trabajadores, principales víctimas de dichos comentarios negativos”.

La oposición denuncia la deriva

Tanto el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León como el principal partido de la oposición, PSOE, han mostrado su apoyo a los profesionales de la Radio Televisión Castilla y León. “Ejercer el periodismo con bajos sueldos, horarios que imposibilitan la conciliación laboral, familiar y personal y la falta de estabilidad laboral afectan directamente a la calidad de la información que recibe la ciudadanía”, han asegurado desde el colegio de periodistas.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha recordado tras conocer la denuncia de los trabajadores que en la Comisión que supervisa la televisión celebrada el pasado mes de julio ya advirtieron “de la deriva” que estaba tomando el servicio, así como que pidieron explicaciones “por el despido del director de informativos por las presiones de Mañueco” y exigieron mejorar las condiciones de los trabajadores.

Desde el PSOE también consideran “gravísimas” las denuncias de manipulación y acusa a Mañueco de corromper el modelo de televisión autonómico. En este sentido, remarcan “el deterioro institucional” que ha supuesto la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la presidencia de la Junta de Castilla y León y se ha “agravado con la entrada de la extrema derecha”.

En un comunicado, los socialistas han trasladado su “respaldo y reconocimiento” a los trabajadores, cuyas informaciones sufren “una manipulación constante y con la mitad del grupo en manos de un delincuente confeso”, en referencia al empresario José Luis Ulibarri. “Es injustificable que una televisión sufragada con fondos públicos estuviera en manos de un imputado en la trama de financiación irregular del PP, la Trama Gürtel”, zanjan.

Rectificación de Ulibarri

"D. José Luis Ulibarri no posee ninguna participación en la empresa EDIGRUP ni ostenta cargo alguno en la mencionada empresa no teniendo en la actualidad ninguna vinculación con dicha empresa ni directa ni indirectamente", ha afirmado a este periódico el representante legal del empresario mediante un escrito de rectificación. 

“D. José Luis Ulibarri no tiene participación alguna en la empresa EDIGRUP, siendo totalmente ajeno a la misma” , sostienen.