Tras alzarse victoriosos en unas polémicas elecciones municipales y autonómicas que han teñido el mapa de España de azul popular, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han llevado a cabo una serie de propuestas y medidas que denotan su ideología neoliberal que poco -o nada- se ocupa de las necesidades reales del madrileño de a pie. Unas necesidades básicas que deberían estar garantizadas por un gobierno competente, tales como son la educación, la sanidad o el transporte.

Aparentemente siguiendo las indicaciones de su equipo de campaña, ambos dirigentes del Partido Popular decidieron posponer una serie de medidas que han comenzado a ponerse en marcha una vez finalizados los comicios del pasado domingo, en los que consiguieron mayoría absoluta para gobernar en solitario.

Desde el lunes han sido varias las medidas escondidas que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital han querido empezar a desarrollar, así como el dirigente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que, aunque no ha concurrido en las últimas elecciones, sí ha tomado decisiones muy concretas tras haberse conformado el mapa azul en la comunidad autónoma que preside. 

Ayuso, siempre de parte de los privilegiados

Sin dar apenas tiempo para recuperarse de la resaca electoral, la presidenta de la CAM atestaba un duro golpe contra los colegios públicos de la región implementando un incremento del 12,7% en los menús escolares. En la práctica, esta subida supondrá que el gasto de este servicio, para muchas familias indispensable, ascienda a los 110 euros de gasto al mes y unos 1.000 al año.

Según han hecho saber Comisiones Obreras (CCOO) a este medio, esta subida se “lleva negociando con las empresas proveedoras desde el pasado mes de noviembre sin comunicar nada ni a los directores de los centros ni a las madres y padres”. Además, denuncian que el departamento de Enrique Ossorio, consejero de Educación, Universidades y Ciencia, “pidió a las empresas que no informaran de la subida hasta después de las elecciones”.

El servicio de comedor en los colegios públicos es indispensable para aquellas familias en las que los padres y las madres tienen horarios laborales que les impiden comer con sus hijos a medio día y llevarlos de nuevo al colegio por la tarde. Este perfil de familia suele ser de clase obrera y en situación de precariedad, por lo que encarecer el precio del menú escolar supone un problema en la economía familiar y en la conciliación.

Por contra, la Comunidad de Madrid destinará dos millones de euros a un nuevo programa de incentivos a la contratación de personas empleadas de hogar que se encarguen del cuidado de hijos menores de 12 años o menores de 18 años con discapacidad, así como de otros familiares con discapacidad o dependientes a cargo y que convivan en el mismo domicilio.

Esta medida se aprobaba por el Gobierno en funciones de la CAM “con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar” hace una semana, aunque no ha trascendido hasta ahora, cuando Ayuso ha conseguido una mayoría absoluta que le permite hacer y deshacer a su antojo medidas que afectarán al futuro y la calidad de vida de millones de personas. 

En este caso, parece que sí es importante para la presidenta de la Comunidad de Madrid que exista una ayuda a la conciliación. Sin embargo, cabe destacar que las personas que pueden contratar empleadas del hogar son las mismas que no necesitan el comedor escolar del colegio público. Por tanto, Ayuso está dejando claro para quiénes está gobernando. 

Cierre de la Línea 1 de Metro sin alternativas

En otro orden de cosas, Isabel Díaz Ayuso pospuso el cierre de 18 estaciones de la Línea 1 de Metro entre Sol y Valdecarros al día 1 de junio, cuatro días después de la jornada electoral. El corte finalizará el 7 de noviembre de este año 2023 y se trata del segundo que ha sufrido la línea en los últimos años. 

Durante los próximos 5 meses se llevarán a cabo unas obras que tienen como objetivo quitar el amianto de varias zonas y cambiar las vías, la señalización y diferentes elementos de los túneles. No obstante, se trata de unas obras que debieron realizarse hace casi veinte años y que el Ejecutivo autonómico ha retrasado hasta ahora.

Del medio millón de personas que sufrirán las consecuencias de este cierre de línea, 350.000 son vecinos de Vallecas, un barrio madrileño que se caracteriza por la humildad de sus habitantes, la precariedad, las desigualdades sociales y la lucha de clases. 

Los abandonos y estropicios de Almeida

En la línea de su colega popular, el alcalde de Madrid dejaba sin escuela infantil a 10.000 niños de 0 a tres años tan solo un día después de proclamarse claro vencedor de las elecciones municipales en la capital. El Ayuntamiento dirigido por Almeida publicaba este lunes las listas provisionales de las plazas en las escuelas públicas infantiles para el curso 2023-2024. 

Se trata del mismo procedimiento que el año pasado, en 2022, dejó a 8.000 niños de 0 a tres años sin plaza. Una de cada tres familias que solicitaron una plaza en alguna de las escuelas se quedaron fuera del proceso, y este año la criba ha sido aún mayor.

Las listas se publicaron una semana tarde de lo que se había anunciado en un primer momento, por lo que el alcalde de la capital fue acusado de utilizar esta medida de manera electoralista. Una afirmación que el edil negó rotundamente y se excusó asegurando que el retraso se debió a un "problema técnico". Sea como fuere, de las 13.225 familias que habían solicitado plaza en la modalidad ordinaria y 158 en necesidades especiales, solo han sido admitidos 3.018 niños en modalidad ordinaria y 118 en Educación Especial, por lo que la desorbitada cifra de 10.000 niños se ha quedado fuera de la enseñanza pública sin posibilidad de acceder a una alternativa con un coste asumible.

Si esto no fuera suficiente, Almeida ha fracasado con otro de sus proyectos: el bautizado como Bus Rapid, que pasó su primer día en funcionamiento con averías y atascos, ya que el carril reservado con prioridad semafórica no funcionaba al no haber espacio suficiente para girar. 

Este tipo de buses son como un tranvía, pero tienen un precio más bajo y tienen un coste de implementación mucho menor. Aunque esta última idea de Almeida ha costado a las arcar públicas 18 millones de euros. En total, 5,3 millones para los autobuses y 12,8 millones para la realización de las obras de la construcción de la plataforma segregada, de los cuales cuatro son para la semaforización y que el semáforo se ponga en verde cuando llegue el bus.

En la zona de Sanchinarro, por donde transita el Bus Rapid, es sencillo realizar un carril segregado, quitando un carril y reservándolo al bus con una pequeña mediana que lo segrega del tráfico rodado. No obstante, al comenzar las pruebas de la EMT del bus, los conductores no podían girar para incorporarse a las rotondas. Los buses tenían que invadir los tres carriles de la rotonda cortando el tráfico y rápidamente hubo que hacer obras de nuevo y levantar la mediana.

La implantación del nuevo bus de Almeida no ha gustado a los vecinos. La asociación de vecinos de Sanchinarro convocó el mismo día de la inauguración, el 30 de mayo, una concentración para mostrar su rechazo al nuevo autobús que atraviesa el barrio. Desde el barrio madrileño se quejan de la tala de árboles y del cuello de botella que se produce con los coches al reducir los carriles. En vez de resultar de ayuda, el Bus Rapid no trae más que quebraderos de cabeza.

Juanma Moreno y su idilio con la privatización

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla obtenía este miércoles luz verde del Parlamento regional sobre la tramitación de dos proyectos de ley que reconocen a dos universidades privadas, la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), las cuales cuentan, según los populares, con “todas las garantías jurídicas”. Todo ello tan solo tres días después de haberse celebrado los comicios autonómicos y municipales que han pintado de azul una Andalucía tradicionalmente socialista.

Es preciso destacar que el Ejecutivo andaluz ha priorizado el modelo educativo concertado, no solo en el plano universitario. Pues varios colegios públicos, como el Joaquín Turina de Sevilla, han sido testigos de cómo su alumnado se ha ido reduciendo notablemente en los últimos años, ya que ha pasado de ofrecer 50 plazas de nuevo ingreso a justo la mitad. Andalucía, al igual que la Comunidad de Madrid, ha incrementado los conciertos educativos para la concertada. Un paso más en el idilio que mantiene el presidente de la Junta con la privatización de instituciones públicas.