Una de las polémicas que ha perseguido a Isabel Díaz Ayuso en Madrid desde que la presidenta de la Comunidad se sienta en la Puerta del Sol es la que tiene que ver con las residencias de mayores. En esta materia, son de sobra conocidos los bautizados como protocolos de la vergüenza que la administración regional firmó, impidiendo con ellos la derivación de mayores de estos centros de la tercera edad a hospitales para que fueran tratados.
Tampoco escapa a la controversia el trato, después de aquellos días, que la autonomía ha mantenido sobre los usuarios de estos lugares respecto de cuestiones como la comida. Sin embargo, frente a esto segundo el de Ayuso no es el único Ejecutivo al que le han sacado los colores, pues ocurre lo mismo, por ejemplo, con su homólogo en Galicia, dirigido por Alfonso Rueda.
La Xunta lleva tiempo desoyendo las peticiones de los familiares, la oposición y los propios usuarios en este asunto y sigue contratando a una empresa que sirve comida en mal estado en las residencias de mayores. El último ejemplo que ha saltado a los medios de comunicación es el del centro A Pontenova, donde un grupo de ancianos ha puesto pie en pared en contra de la alimentación que reciben, calificándola de “comida sin sabor, textura y olor, que provoca la mayor parte de las veces problemas digestivos a los residentes”.
Los residentes han presentado una demanda de amparo ante la Defensora del Pueblo gallega, María Dolores Fernández Galiño, en la que denuncian los años de “degradación” que experimenta el servicio de catering ante el caso omiso de las autoridades, que siempre les responden -así lo emiten ellos- que los alimentos cumplen con todos los controles sanitarios y de calidad alimentaria. La misma empresa de catering habría recibido igualmente quejas de otros centros públicos, como el de Ortigueira, en A Coruña.
El PP mantiene cerrada la cocina
Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) expresan su malestar con la situación de varios centros de mayores y, centrándose en la de esta microresidencia adelantan a ElPlural.com que cuenta con una cocina nueva que todavía no se ha estrenado dado que la Xunta “no quiere contratar a alguien que podría hacer la comida allí mismo con calidad”, sino que prefiere contratar catering, anteponiendo de esta manera “volver a priorizar a las empresas a las necesidades de los derechos de los y las residentes”.
El partido confirma a este medio que la compañía -Catering Culinaria- es una habitual en las contrataciones de la formación conservadora. “Llevamos más de un año reclamando que las nueve usuarias y usuarios de la vivienda comunitaria de A Pontenova tienen derecho a disfrutar de una alimentación sana y digna”, expone el diputado del BNG Daniel Castro, quien lleva el asunto en el Parlamento regional.
Los nacionalistas afean que, después de haberse reunido en varias ocasiones con los afectados y afectadas, solicitaron en la Cámara autonómica al gobierno del partido con mayoría absoluta que pusiese fin a un escenario que tachan de “inaceptable” y que solamente recibieron “silencio”.
“Al mismo tiempo, un representante de la empresa de catering se llegó a comprometer, ante el portavoz de afectados y afectadas y el concejal del BNG de A Ponteonova, Xorxe Gómez Rico, a mejorar este servicio, pero dicha mejora solo duró unas pocas semanas”, añade mientras cuenta que esta “lamentable situación” no acaba con un hecho que, parece, no es aislado: “Esta vivienda comunitaria cuenta con una cocina totalmente equipada a la que la Xunta de Galicia nunca ha querido darle ningún tipo de uso, ni tampoco contratar a algún cocinero o cocinera”.
Así las cosas, el partido de Ana Pontón condena que este “solo sea un episodio más de la nefasta situación a la que el Partido Popular ha llevado a la dependencia de nuestro país, donde los intereses de empresas están siempre por encima de las necesidades y los derechos de los y las residentes”.
El ‘modus operandi’ del Gobierno de Ayuso
El ejemplo de algunos centros de mayores gestionados por la administración de Rueda frente a la comida recuerda a la situación que llevan años criticando en Madrid, a cargo del equipo de Ayuso; donde un centro se ha llegado a bautizar como “residencia de los horrores”.
De hecho, son varios los nombres sobre los que se ha centrado la polémica; de residencias (Francisco de Vitoria-en Alcalá de Henares) o de compañías, como la Plataforma Femar, que se ha enfrentado a multas millonarias a pesar de las cuales ha continuado prestando servicio a residencias de mayores y centros de menores.