Una lucecita de esperanza se puede detectar tras las toneladas de consignas recitadas por el presidente de la Generalitat al finalizar su encuentro con el presidente del gobierno central en Moncloa. Habrá que votar sobre el futuro político de Cataluña a partir de la propuesta que en su día alcance la Mesa de Negociación. La frase no se ha pronunciado todavía en su literalidad sino de forma parcial y separada, pero ahí está el discurso de futuro: votar sin romper la vajilla constitucional. No será fácil, ya lo advirtió Pere Aragonés en varias ocasiones, será necesario un fino ejercicio de prosa política para dar con la expresión final satisfactoria (o insatisfactoria) para todos. La negativa insistente de Pedro Sánchez a aceptar cualquier aproximación declinatoria al ejercicio de la autodeterminación no deja ningún resquicio.
Hasta que esta opción, votar según el ordenamiento jurídico vigente, que también ha sido tanteada por el PSC, tome cuerpo y pueda ser interiorizada por la mayoría del independentismo (al menos el oficial), el movimiento soberanista se concentrará en la nueva hoja de ruta: la batalla contra la denominada represión del Estado, amparándose en las recomendaciones del Consejo de Europa. No en la totalidad del texto aprobado, solo incidiendo en aquellos aspectos que les son favorables, como la petición de renuncia de las extradiciones por parte del Tribunal Supremo o el fin de la judicialización, y obviando las constataciones registradas en el informe que contrarían su argumentario básico para fieles, como la catalogación del 1-0 como referéndum ilegal o la descripción de España como un estado de derecho en toda regla.
El Estatuto de Cataluña y la Mesa de Negociación han resucitado el mismo día. El estatuto que el independentismo quiso anular en una votación parlamentaria es ahora el principal argumento de los afectados por la liquidación provisional de fianzas presentada por el Tribunal de Cuentas por los presuntos gastos de propaganda independentista encubiertos en la gestión de las competencias en acción exterior de las que goza la Generalitat según el texto vigente. La mesa de negociación, adormecida por el desinterés de las dos partes durante un par de años, revivirá a finales de septiembre para buscar un acuerdo susceptible de ser avalado por la ciudadanía, como repitió en diversas ocasiones Pere Aragonés al salir de la reunión con Pedro Sánchez.
La expresión “aval de la ciudadanía” vio la luz en el documento de Pedralbes y supone una formulación tecnócrata de un referéndum que tendría muy probablemente un mal paso por el Tribunal Constitucional en cuanto pudiera asociarse al concepto de autodeterminación; de la misma manera que apuntar a los eventuales acuerdos de la mesa negociadora como el sujeto de la votación es una manera pragmática de encontrar “algo” que votar que no sea exactamente un estatuto y mucho menos la independencia pero que pueda definirse como “el futuro político de los catalanes”.
La incógnita radica en saber si las muchas licencias literario-políticas, incluso épicas, que necesita el independentismo oficial para preparar el terreno a la adecuación de los sueños a la realidad serán soportables por el gobierno central muy agobiado por la intransigencia de la derecha. Y si el gobierno de la Generalitat y la mayoría que lo sustenta, contando con la CUP, resistirá las tensiones internas que provocará este cambio de rumbo, aunque nunca vaya a implicar una renuncia al objetivo del estado propio para más adelante.
La realidad es que a día de hoy, al 45,2% de los catalanes les gustaría que el Procés acabara con un acuerdo que asegurara un mayor autogobierno para Cataluña, mientras que el 31,9% preferiría que acabara en la independencia, aunque solo un 9% cree que esto vaya a suceder. Estos datos proceden de un documento publicado recientemente por el Institut de Ciències Politiques i Socials (ICPS) que ha analizado una década de encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO), reflejando la paulatina perdida de apoyos del Sí a la independencia en un hipotético referéndum, del momento álgido en 2012-2018, rozando el 50% al actual resultado que otorga la mayoría al No con un 51,3% frente al 41,8 de los partidarios.
El deshielo es visible. Antes de la reunión de la mesa anunciada para la tercera semana de septiembre, en julio se reunirá la comisión mixta Estado-Generalitat para tratar de las cosas del gobierno y antes de que acabe dicho mes sabremos si el presidente Aragonés asistirá a la Conferencia de Presidentes autonómicos convocada en Salamanca tal y como le ha pedido Pedro Sánchez. La portavoz del gobierno, la ministra María Jesús Montero, subrayó como gran avance la cordialidad de la reunión, una señal inequívoca que el sumario de desacuerdos es todavía mucho más amplio que la esperanza de los acuerdos.