El pasado lunes, la Fiscalía aceptó investigar la gestión de la DANA que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre, y que se llevó 223 vidas humanas dejando una herida en la sociedad valenciana que tardará años en cerrarse. El anuncio del ministerio público es el primer paso para que los responsables políticos de la catástrofe rindan cuentas. Sin embargo, desde los movimientos sociales que pelean desde octubre para que se haga justicia, consideran que "no es suficiente". Es el caso de Mai Més, una de las plataformas ciudadanas que instigaron la marcha multitudinaria en la que 200.000 personas colapsaron la capital del Turia para pedir la dimisión del president Carlos Mazón.

Desde la plataforma califican la recopilación de demandas que ha hecho la Fiscalía como "una chapuza", como declara Quico Miralles, uno de sus portavoces, a ElPlural.com. Algunas de las demandas interpuestas tanto por particulares como por asociaciones y sindicatos, son meras recopilaciones de artículos de prensa, como también resalta Miralles. Él la compara con "la demanda de Manos Limpias", en referencia a la querella por la que el juez Juan Carlos Peinado abrió la causa contra Begoña Gómez.

Sobre las entidades que han interpuesto las demandas admitidas por Fiscalía, el portavoz de Mai Més también tiene sus reservas, ya que considera que muchas son "interesadas" y se mueven por motivaciones económicas. Sobre esto, hace referencia a que muchas de ellas se presentaron "cuando aún se encontraban cuerpos". Miralles les acusa de "vender humo" y rechaza vincular a su asociación con la iniciativa del ministerio público.

Preguntado sobre el futuro que le augura a Carlos Mazón y al resto de cargos responsables de la gestión de la DANA que aparecen en la 'macroquerella', el portavoz no cree que la investigación de la Fiscalía despeje ninguna incógnita sobre si finalmente caerán o no. Lo que si anticipa sobre el futuro es que su plataforma no se vincula al conjunto de entidades que han impuesto las demandas, y anuncia que "tomaran nuevas medidas" a título individual en el futuro. No obstante, Miralles no especifica de qué medidas se trata.

La 'macroquerella' de la Fiscalía contra Mazón, Pradas y otros responsables de la DANA

La llegada a los tribunales de la gestión del Ejecutivo de Mazón se produjo a raíz de varias denuncias de colectivos, asociaciones, sindicatos y particulares, las cuales han sido agrupadas por la Fiscalía en una suerte de 'macroquerella', calificada por el portavoz de Mai Més como "una serie de recortes de prensa". En cualquier caso, esto implica que la investigación no solo abarcará al president. Nombres como los de Salomé Pradas, consejera de Interior en el momento de la tragedia, Alberto Javier Martín Moratilla, director general de Emergencias, o Emilio Argüeso, secretario autonómico, también formarán parte de los sumarios del ministerio público. De entre todos ellos, solamente Mazón es aforado, por lo que el resto podrían tener que responder ante cualquier sala de Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió agrupar las demandas en una misma causa, lo que ha dado como fruto esta 'macroquerella'. En concreto son siete las que se han tomado en consideración, interpuestas por las siguientes entidades:

  1. Iustitia Europa: Este "antipartido" demandó a Carlos Mazón por tres delitos: "omisión del deber de socorro", "prevaricación omisiva" e "imprudencia grave con resultado de muerte".
  2. Youssef Bouzrouti (particular): En este caso la demanda se dirige también contra el presidente autonómico, por presunta omisión del deber de socorro, prevaricación y abandono del servicio público.
  3. José Luis Mazón Cuesta (particular): En esta querella aparece el nombre de Salomé Pradas junto al de Mazón. En este caso se demanda a los dos máximos responsables del Ejecutivo por un posible delito de homicidio.

  4. Raúl Castañeda (particular): De nuevo contra el president y la consellera, en este caso por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, además de "un número no determinado de delitos de omisión de deber de socorro".

  5. Confederación General del Trabajo del País Valenciano: La demanda de este sindicato se dirige únicamente a Mazón, acusándole de incurrir en un delito contra los derechos de los trabajadores por omisión.

  6. Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo: Este organismo recoge en orden cronológico los hechos del 29 de octubre, así como las alertas emitidas por AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sobre esta argumentación acusa al demandado de los delitos de "homicidio imprudente" y "lesiones por imprudencia", así como otro de "delitos de daños por imprudencia", un cuarto "contra los derechos de los trabajadores" y de "omisión del deber de socorro".

  7. Antonio Giménez López (particular): En esta última, el particular hace alusión a la comisión de "múltiples delitos de homicidio por imprudencia".