Aunque buena parte de los españoles están inmersos en plenas vacaciones, lo cierto es que ha comenzado ya la cuenta atrás para el inicio del curso escolar, lo que hace que en Extremadura hayan saltado las alarmas. La razón, que todavía no se han adjudicado más de la mitad de las rutas escolares que sirven para trasladar a los alumnos a los distintos centros educativos.
Según ha denunciado esta semana el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional 290 rutas, para ser exactos, han quedado desiertas en la primera licitación del nuevo acuerdo marco, lo que deja en el aire "derecho de miles de estudiantes extremeños a acudir a sus clases".
A juicio de la diputada Ana Fernández Rodríguez, esto es otro ejemplo del “desastre” de gestión del Ejecutivo de María Guardiola, pues "fue la propia secretaria general de Educación de la Junta de Extremadura, María del Pilar Pérez, quien, en septiembre de 2024, anunció en la Comisión de Educación de la Asamblea que se estaba trabajando en un nuevo acuerdo marco para dar respuesta a la demanda”.
Es más, entonces se indicó, precisa, que dado que "los transportistas estaban trabajando a pérdidas”, se incrementaría el presupuesto en 3,5 millones de euros.
Sin embargo, este aumento no parece haber solucionado el problema, pues el 51% del servicio sigue sin adjudicar. "No solo no hay más rutas, sino menos", lamentan los socialistas, que recuerdan que durante sus años al frente de la Junta se añadieron 93 rutas, hasta llegar a las 573 en el curso 2022/2023, un 16% más.
“En apenas dos años de gobierno del PP, ya hay 18 rutas menos", detallan, citando datos remitidos por la propia Consejería de Educación. "Su gestión va en dirección contraria a lo que Extremadura necesita”, insisten, subrayando también que la incertidumbre de las empresas es mayor.
"No solo han incumplido lo prometido, sino que han agravado el problema”, enfatiza Fernández Rodríguez, que recalca que "todo en el Gobierno de Guardiola es un brindis al sol, promesas que acaban en el cajón por la falta de gestión y de planificación y que ahondan en el deterioro de los servicios públicos”.
Centros de educación especial, afectados
La diputada del PSOE llama la atención también sobre el hecho de que algunas de las rutas que han quedado desiertas afectan a centros de educación especial como el CEE PROA de Cáceres, el CEE Los Ángeles de Badajoz o el CEE Antonio Tomillo de Zafra. “Estamos hablando de alumnado con necesidades específicas que no puede quedar desatendido por la improvisación y la falta de planificación de la señora Guardiola”, critica.
Transporte regular, ¿una opción segura?
Sobre la intención del Ejecutivo autonómico de cubrir las rutas escolares con transporte regular de pasajeros, Fernández Rodríguez, comenta que no se ha explicado "cómo van a garantizar horarios, recorridos y, sobre todo, la seguridad de los menores".
En esta línea, advierte de que, según la propia disposición adicional de la Junta, "no se va a exigir el certificado negativo de delitos sexuales a los usuarios del transporte regular", lo que es, dice, una "absoluta irresponsabilidad”.
Cabe recordar que el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, conocido también como el Certificado LOPIVI, es un documento que acredita la ausencia o existencia de condenas por delitos sexuales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Este certificado, que se puede solicitar. tanto de manera presencial como online, es obligatorio en España para acceder a profesiones, oficios y actividades, remuneradas o no, que impliquen contacto habitual con menores de edad.
“Estamos ante un incumplimiento flagrante de sus propias promesas, un fracaso de planificación y una amenaza directa al derecho a la educación de nuestros niños y niñas", reafirman los socialistas, que exponen que este ejemplo es una evidencia más de cómo se deterioran los servicios públicos y se ahonda en las desigualdades existentes entre la escuela rural y la urbana.
"El transporte escolar no se improvisa, y el PP ha demostrado que no tiene ni modelo ni capacidad de gestión”, zanjan.