El Partido Popular avanzó que las comunidades autónomas que gobierna, que son la mayoría, no se sentarán a la mesa con el Ministerio de Hacienda. Su titular, Arcadi España, anunció hace dos semanas que mantendrá reuniones bilaterales con los Gobiernos de cada región para negociar el nuevo plan de financiación autonómica. A partir de este jueves, el ministro se reúne con aquellas comunidades del régimen común que sí han accedido a estos encuentros, que son las que no dirige el PP.
España inicia la ronda con Canarias, que era la única que quedaba en duda, y se reunirá durante la próxima semana con los representantes de Castilla-La Mancha y Asturias. El ministro avanzó en el plan que ya presentó en enero su predecesora, María Jesús Montero, y anunció estos encuentros en su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, a primeros de este mes.
La vía elegida fueron estos encuentros con cada una de las autonomías, como paso previo a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne al Ministerio con todas menos País Vasco y Navarra, que tienen su propia financiación. Y ese es precisamente uno de los dos argumentos que sigue esgrimiendo el PP para boicotear las reuniones bilaterales, y que no entiende el Gobierno: el de que una reforma al plan de financiación autonómica actual, vigente desde 2009 y caducado desde hace más de una década, se tiene que debatir en el CPFF, y no en reuniones individuales.
“Lo que es de todos, se negocia entre todos", dijo el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a pesar de que el ministro no dijera en ningún momento que las negociaciones bilaterales vayan a sustituir a la cumbre conjunta. En el mismo sentido fueron otras regiones, como Aragón, Extremadura o Galicia, que exigieron que se convoque ya el CPFF, mientras que en la Comunidad de Madrid van más allá y hablan de "modelo Junqueras".
Cataluña, la justificación del boicot ordenado por Feijóo
En esto que dijo Rocío Albert, la consejera de Hacienda del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, está el otro argumento que usa el PP para justificar su plantón al ministro. Los Gobiernos autonómicos populares justifican ni siquiera sentarse a debatir una reforma que, indiscutiblemente, les beneficia, en que esta se consensuó en enero, cuando Montero presentó su borrador, con el Govern de Cataluña, que tampoco ha confirmado aún que se sentará con España, aunque no se espera que pongan ningún impedimento.
La Generalitat y el Ministerio llegaron a un acuerdo, en el marco de los pactos a nivel nacional entre el PSOE y ERC, para confeccionar la propuesta que avanzó la ahora exvicepresidenta. El nuevo plan incluye que el total de la financiación homogénea ditribuida en 2027 ascendería, según los datos de Moncloa, a 224.507 millones de euros, lo que supondría unos 70 millones más que en 2023, último año liquidado. A pesar de esto, parece que en Génova ya tenían decidido boicotear la reforma antes de que empiece el debate.
La dirección nacional del PP ha coordinado a sus presidentes autonómicos, para utilizar las autonomías como contrapeso del Gobierno central. Pero en este caso, la forma de perjudicar de Alberto Núñez Feijóo es ni siquiera sentarse a negociar, como si harán los Ejecutivos regionales de Castilla-La Mancha y Asturias, pese a que sus respectivos presidentes, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, han sido muy críticos en público con la propuesta de Hacienda, especialmente por la cuestión catalana. Sin embargo, ambos dirigentes socialistas llevarán estas discrepancias a sus reuniones con el ministro España, y no se negarán de plano a sentarse a la mesa.
El motivo es que la reforma, que sí, se pactó con Cataluña, es indiscutiblemente beneficiosa para todas las comunidades autónomas del régimen común, especialmente para las que gobierna el partido que la califica de injusta. Es el caso de la Comunidad Valenciana, cuyo president, Juanfran Pérez Llorca, se reunió esta semana con el ministro. Pese a que el Consell se suma a la negativa del PP, la región solo está por debajo de Murcia en el índice de las autonomías más infrafinanciadas, y es la más endeudada de España. En paralelo, como en muchas otras gobernadas por la derecha, es una de las que sigue aprobando rebajas fiscales, como la reciente al IRPF autonómico.
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