Revuelo en Burgos por la Pirámide de los Italianos. Después de que este monumento, situado al lado del límite con Cantabria, fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el pasado mes de febrero, se ha conocido la documentación que avaló la decisión. La Universidad de Burgos emitió un informe favorable cuya extensión apenas llegaba a la página y media. Para más inri, la Junta ha tachado los nombres de los autores de este y del otro informe, que emitió la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes (Institución Fernán González) y que incluye citas a fundaciones del entorno de Vox para proteger este mausoleo en honor a soldados de la Italia fascista.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunció al Gobierno de Castilla y León por prevaricación en la protección otorgada a la Pirámide fascista de los Italianos. Franco mandó erigir este monumento en el puerto del Escudo (Burgos) en 1939 para enterrar los cuerpos de los soldados que Mussolini envió para luchar en la batalla de Santander. 384 soldados de la Italia fascista se encuentran sepultados en esta pirámide que la Junta declaró BIC en febrero, en contra del Gobierno de España, que pretendía derribarla. El monumento se encuentra abandonado, y ha sido víctima de expolio y vandalismo en los últimos años.

Una página y media y menciones a Vox: los informes de la Junta sobre la Pirámide de los Italianos

Los informes que el Gobierno de PP y Vox usó como aval fueron emitidos por la Universidad de Burgos -que apenas redactó una página y media- y la Institución Fernán González. Esta ultima la encabeza Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos, y su director es René Jesús Payo Hernanz. Este historiador fue reconocido por la Junta hace escasos meses con el Premio Castila y León de Ciencias Sociales y Humanidades. A pesar de la notoriedad de sus miembros, al ser solicitados por eldiario.es, los informes de ambas instituciones fueron entregados por el Gobierno autonómico en cumplimiento de la ley de Transparencia, pero con los nombres de los autores tachados.

La Junta de Castilla y León tenía la obligación de contar con “al menos” dos informes favorables para declarar la pirámide como BIC. Así lo recoge la Ley de Patrimonio Cultural de la región. La Universidad de Burgos argumenta que los documentos de este tipo sueles ser “breves”, y atribuye su autoría a Carlos Pérez, decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación. Su informe de apenas una página y media no es “de investigación”, cuentan, sino que se limita a analizar la documentación aportada por Vox en la petición de la Consejería de Cultura.

Un 'think tank' de Vox defiende el "valor histórico" de la pirámide fascista

Desde la UBU creen que la Pirámide de los Italianos es “un bien singular y único”. Por un lado, defienden su “diseño y valores estéticos, arquitectónicos y paisajísticos”, además de su valor histórico. En el informe, dedican tres párrafos a describir la fecha de construcción, la altura, o el arquitecto a cargo de su diseño. No hay ninguna mención a la enorme M mayúscula que rodea la entrada o a las inscripciones de ‘presente’ en memoria de los soldados fascistas caídos.

Por otro lado, la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes (Institución Fernán González), envió a la Junta un informe más amplio, de nueve páginas. El documento incluía referencias a investigaciones de la Fundación Disenso -presidida por Santiago Abascal y considerada ‘think tank’ de Vox- y la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica, que ha defendido otros monumentos franquistas como el Arco de la Victoria de Moncloa o la cruz del Valle de Cuelgamuros. Este informe además defiende el “valor histórico del mausoleo” y su reflejo de “unos hechos significativos acaecidos en el pasado”.

La Institución Fernán González defiende “poner en paralelo” la pirámide fascista con otros homenajes como los de las Brigadas Internacionales. “La conservación de este espacio debe considerarse como una contribución a la preservación de la memoria histórica y, en su contexto, de comprensión de lo que significó aquel momento de nuestra historia, aquí representado por un episodio que impregna el territorio con valores de un paisaje ritual y sobrepasa, incluso, su valor simbólico del hecho concreto que recuerda”, concluye el documento.

La Junta de Castilla y León ha tachado el nombre de los dos académicos firmantes del informe de la Institución Fernán González. Uno de los catedráticos de esta asociación, que defiende “los valores históricos, artísticos y literarios de la ciudad y provincia de Burgos” es Gonzalo Santonja, consejero de Cultura de la región. El director de la institución, René Payo, defiende que su informe solo hacía referencia a “la singularidad del edificio y sus valores estéticos”, y rechaza cualquier cariz político en la petición o en el documento enviado a la Junta.

Un senador de Meloni reclama que la pirámide pertenece a Italia

La tramitación de la pirámide como BIC ha sido un proceso arduo para la Junta. En primer lugar, porque el Gobierno de Castilla y León ha tenido que unir sus fuerzas con asociaciones que están en contra de las Leyes de Memoria Histórica y Democrática para lograr su objetivo. En segundo lugar, porque algunos políticos italianos reclamaban que la pirámide era propiedad de su país. El monumento se encuentra en el término municipal de Valle de Valdebezana. La Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, que participó en el trámite, remitió un documento a la Junta argumentando que el monumento era de dominio público, ya que no cuenta con referencia catastral propia y se encuentra en un terreno que es de titularidad pública.

Roberto Menia, senador italiano del partido Fratelli D’Italia, apoyó la declaración de la pirámide como BIC, pero defendió que esta pertenece a la República de Italia. La Junta de Castilla y León contestó al político del partido de extrema derecha, al que también pertenece Giorgia Meloni, primera ministra, y está integrado en el mismo grupo europeo que Vox. El Gobierno regional consultó con el embajador de Italia en Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, quien negó las declaraciones de Menia e informó de que el monumento no es de propiedad italiana.

El Gobierno de España, que tenía la intención original de derribar la pirámide, no se opuso a su declaración como BIC. Lo que sí hizo el Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática fue reclamar una mención a la “reinterpretación” del monumento para ser compatible con la legislación nacional. El área que dirige Félix Bolaños reprochó a la Junta que no incluyera “principios esenciales” en el trámite como qué intención tiene con respecto al uso del monumento a partir de ahora.