La Trama Eólica y la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca no son los únicos casos de corrupción que van tras el PP de Castilla y León y pueden tener gran importancia este nuevo año. En el caso de la Perla Negra se investigan los delitos relacionados con la compra de la sede de Economía y de terrenos para el fallido polígono de Portillo. El juicio comenzará el próximo 14 de marzo, un mes después de las elecciones, que se celebrarán el 13 de febrero, y se prolongará hasta el 29 de abril.
En este caso figuran imputadas doce personas, entre ellas la cúpula de la Consejería de Economía, y el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera tendrá que declarar como testigo. Los hechos investigados datan de la primera década de los 2000.
Presuntamente, cargos de la Consejería de Economía del Gobierno del PP en Castilla y León se asociaban con empresarios y les favorecían para impulsar la construcción del polígono de Portillo, que terminó resultando fallido. También se estudia el sobrecoste de varios millones de euros del edificio de la Perla Negra, sede de empresas públicas en ese polígono.
Las dos operaciones se materializaron a través de Gesturcal, una empresa pública de la comunidad, y se benefició a determinadas mercantiles, especialmente URBAN Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portilllo S.L., a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal S.A. y ADE Parques Tecnológicos de Castilla y Léon S.A, esta última a partir de 2008.
A través de Gesturcal, la Junta de Castilla y León pagó por el edificio Perla Negra 60.499.800 euros y abonó otros 9.787.472,55 euros en conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3.
Entre los doce imputados figuran los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández. Además, estaba citado a declarar como imputado Tomás Villanueva, consejero y vicepresidente de Castilla y León, pero falleció poco antes de la cita. En total, la Fiscalía pide penas que suman 79 años de cárcel.
Personas con Rafael Delgado, los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo están inmersas también en la Trama Eólica.
Lista de delitos
El juez que instruye la causa atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho.
Respecto a la compra del edificio, asegura que Urban Proyecta contó con información privilegiada facilitada por los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo e indica que tras la firma de dos contratos de arrendamiento se firmó uno de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera.
En el caso de los terrenos, el juez señala que la operación se realizó por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para favorecer a empresas relacionadas directa o indirectamente con Delgado, con Urban Proyecta o con Alberto Esgueva.