La Comunidad de Madrid pasará a partir del próximo 21 de junio a la nueva normalidad sin haber pasado por la fase 3 de la desescalada. Para ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este viernes en un Consejo extraordinario el decreto que establece la nueva normalidad con restricciones, que se llevará a cabo en dos fases.
Entre las principales novedades que se presentan en estas medidas está la limitación de aforos del 60% hasta el 6 de julio y a partir de ese día al 75% en bibliotecas, museos, cines, teatros, instalaciones deportivas cubiertas, congresos, ferias, establecimientos de apuestas y juego, alojamientos turísticos, parques de atracciones y plazas de toros. Respecto a la hostelería, se permitirán aforos de hasta el 60% en el interior y el 80% en las terrazas. Esta limitación está establecida para cumplirse hasta el día 6 de julio, a partir de ahí se permitirá el 100% en las terrazas.
Estas normas anunciadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han provocado la reacción de los grupos de la oposición. Por un lado, Podemos ha criticado que desde el Gobierno regional se haya reclamado al Estado para que trabaje en competencias de la autonomía, además de referirse directamente a los espectáculos taurinos ante las necesidades de “primer nivel”: “Nos parece muy preocupante que el Ejecutivo se haya centrado en reclamar al Gobierno del Estado que trabaje para las competencias de la Comunidad de Madrid, demostrando reiteradamente la incapacidad de gestión de este Gobierno, y en segundo lugar, que simplemente se hayan referido a los aforos de ciertos espectáculos, por supuesto incluyendo los taurinos, en lugar de poner en primer nivel las necesidades sanitarias de la población madrileña”, ha explicado el portavoz adjunto de la formación morada, Jacinto Morano.
Por su parte, desde el PSOE han reprochado que no se haya consultado ni a la Delegación del Gobierno ni a los grupos parlamentarios para la elaboración de este decreto. “Han llegado tarde, no lo suficientemente a tiempo para poderlas divulgar y estudiarlas con cuidado por todos los agentes que han de aplicarlas”, argumenta Ángel Gabilondo y zanja: “Que se haga gradualmente es sensato, pero no nos parece adecuado que se hayan puesto dificultades a los procesos, ya que hay que hacerlos con garantías”, además de reprochar la falta de transparencia: “No hay datos ni transparencia para conocer qué medidas han tomado para que los casos no se conviertan en brotes, qué rastreadores y estudios para poder afrontar cualquier situación que se presente”.