El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha sumado al resto de líderes autonómicos del PP en la petición de un adelanto electoral a Pedro Sánchez con la particularidad de que ha sumado como motivo la gestión de la DANA y la falta de unos presupuestos generales del Estados para la reconstrucción. De esta forma, el president valenciano ha vuelto a insistir en ceder sus responsabilidades al presidente del Gobierno ante la nefasta gestión que llevó a cabo el pasado 29 de octubre, cuando 228 personas perdieron la vida por la DANA.
En concreto, Mazón ha justificado la petición de elecciones en la falta de coordinación, la falta de presupuestos para la reconstrucción y de aportación directa y a fondo perdido para la Generalitat.
Además, Mazón también ha insistido en la necesidad de un fondo de nivelación transitorio para la Comunidad Valenciana de 1.782 millones de euros hasta que haya un “nuevo sistema” que permita prestar los mejores servicios públicos. También ha demandado la actualización “inmediata y automática” de las entregas a cuenta que siguen anchadas en las cuantías de 2023 al prorrogarse dos veces los Presupuestos Generales del Estado y que “supondrán una merma de más de 1.994 millones de euros al año” para su territorio.
Mazón no ha dudado tampoco en afirmar que la Generalitat está asumiendo “un esfuerzo económico colosal para la reconstrucción de los daños provocados por las riadas”. Por ello, ha reclamado financiación a fondo perdido para “reconstruir centros de salud, colegios o infraestructuras”, además de exigir al Gobierno la exención “de todos los impuestos de las ayudas o los intereses de los préstamos para las personas afectadas”.
Asimismo, Mazón ha pedido a Sánchez la habilitación de la contratación de emergencia para garantizar los servicios básicos como el alcantarillado o el abastecimiento de agua, para que los ayuntamientos de las poblaciones afectadas por las inundaciones, aunque no estén en fase de emergencia, puedan realizar contrataciones de forma inmediata y abordar los trabajos de reconstrucción “con mayor agilidad y eficacia, además de con seguridad jurídica”.
Y en este sentido ha asegurado que esto no es algo nuevo, ya que una vía excepcional similar se puso en marcha con la pandemia del coronavirus. Ha insistido en que con ello busca que “la burocracia no bloquee el deber institucional de actual sobre servicios esenciales para los ciudadanos” y supone una herramienta “sin renunciar al control, a la transparencia, ni al rigor jurídico” al servicio de los consistorios “que han estado desbordados pero comprometidos con la recuperación de las zonas afectadas”.