Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, no por declaraciones altisonantes ni por polémicas políticas, sino por una cuestión mucho más material: la reforma de su antiguo despacho con vistas al mar. ¿El problema? Que lo está haciendo con dinero público. Nada menos que 1,5 millones de euros adjudicados “a dedo” a la Cámara de Comercio de Alicante, entidad en la que el propio Mazón figura en excedencia y donde, como recuerdan desde el PSPV, tiene vínculos personales y profesionales más que estrechos.
Según ha denunciado el diputado socialista José Díaz en Les Corts, este desembolso millonario de la Generalitat se ha destinado a unas obras que, además de costosas, serían ilegales. No cuentan con licencia, el convenio está caducado y, para redondear la polémica, el edificio donde se están realizando pertenece al entorno de Enrique Ortiz, empresario cuyo nombre aparece con frecuencia en los entresijos judiciales y urbanísticos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana.
Aunque el actual presidente del Consell ya no ocupa oficialmente su despacho en la Cámara, sí mantiene el vínculo formal con la institución: se encuentra en situación de excedencia, lo que para los socialistas valencianos no es un detalle menor. "Está financiando con dinero de todos los valencianos la empresa en la que trabaja", ha advertido Díaz, que ha ido más allá al asegurar que “si Mazón tuviera dignidad, ya habría hecho las maletas y convocado elecciones”.
Una frase que refleja una preocupación de fondo: el uso, o más bien el abuso, de las instituciones públicas para favorecer intereses propios o, al menos, muy cercanos. El silencio del president ante las acusaciones no ayuda a despejar las dudas. Ni una sola explicación oficial, ni una comparecencia pública para aclarar el porqué de la adjudicación directa ni la legalidad de unas obras que siguen adelante pese a las irregularidades denunciadas.
La situación recuerda, salvando las distancias, a otras épocas no tan lejanas en la Comunitat Valenciana. Épocas en las que las instituciones servían para blindar intereses privados y donde las reformas no se hacían solo en los despachos, sino también en los balances bancarios de algunos afortunados. Mazón, que llegó a la presidencia con un discurso regeneracionista, prometiendo eficiencia, transparencia y un cambio de rumbo frente a la Generalitat, ahora se ve señalado precisamente por prácticas que recuerdan demasiado a las que se suponía venía a erradicar.
Tampoco pasa desapercibido el nombre de Enrique Ortiz, el empresario vinculado al edificio donde se están realizando las obras. Ortiz ha sido protagonista de numerosos escándalos urbanísticos y judiciales durante décadas, y su cercanía a cargos del PP ha sido ampliamente documentada. El hecho de que una actuación impulsada por el Gobierno valenciano acabe beneficiando, siquiera indirectamente, a este empresario añade más leña al fuego.
Lo más sorprendente -o quizá no tanto- es la normalización con la que desde el entorno de Mazón se está asumiendo todo este episodio. Mientras crece la indignación en la oposición y entre colectivos ciudadanos que reclaman claridad sobre el uso de los fondos públicos, el Consell sigue mirando hacia otro lado. Como si el hecho de que el despacho tenga vistas al mar fuese más importante que la transparencia de las cuentas o el respeto por la legalidad urbanística.
La pregunta que flota en el ambiente es clara: ¿puede un presidente que destina dinero público a reformarse un despacho en su antigua empresa, sin licencia ni justificación técnica conocida, seguir apelando a la regeneración política?
Desde el PSPV lo tienen claro: “Esto no es solo una cuestión estética, es una cuestión ética”. Y es que la sospecha no está solo en la adjudicación, sino en todo lo que simboliza. Porque cuando quien gestiona lo público lo hace con una familiaridad tan pasmosa que confunde las instituciones con sus antiguos despachos, es cuando el debate sobre los límites entre lo personal y lo institucional se convierte en urgente.
Por ahora, Carlos Mazón sigue sin dar explicaciones. Y el despacho sigue reformándose. Con vistas al mar, y con dinero de todos.