El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado este lunes que lo mejor es que el Gobierno Central le quite el mando único a la Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón.

En un desayuno informativo organizado por La Razón, el responsable castellanoleonés ha indicado que nos encontramos ante una situación de “emergencia nacional” ante la que es Moncloa quien tiene que “estar al frente”. En cualquier caso, ha emitido que “llegará el momento en el que hagamos esa reflexión, con frialdad, y que también la hagan los expertos en gestión de catástrofes”.

¿A quién compete la gestión de una situación como la DANA?

La competencia en materia de protección civil y planificación ante catástrofes que se produzcan dentro del territorio de una autonomía son del gobierno de dicha región. En el caso de la DANA que ha afectado con especial fuerza a Valencia, de la Generalitat.

De esta manera queda reflejado en el Estatut valenciano y en las normas estatales que regulan la materia, sin el perjuicio de la obligación de todas las administraciones, también del Gobierno Central, de garantizar la seguridad de los ciudadanas en la medida de lo posible.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, sobre el que se rige este tipo de escenarios, establece que la competencia sobre la protección civil y la seguridad pública es exclusiva de la autonomía. Asimismo, la Ley valenciana 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias emplaza que las competencias son en última instancia del Consell como órgano superior en la dirección y coordinación de protección civil en la Comunidad Valenciana.

¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno Central?

Es cierto que la Constitución obliga al Estado a conceder amparo a los españoles ante las catástrofes. Sin embargo, no detalla de qué manera deben atribuirse las responsabilidades entre las distintas administraciones.

En otro orden de cosas, el Tribunal Constitucional señaló en 1985 que se debe reconocer a las autonomías competencia en el tema.

Esto es de esa manera en materia de protección civil, sobre todo para la elaboración de los planes pertinentes de prevención de riesgos y calamidades; y para la dirección de los propios servicios en el caso de que se den situaciones de emergencia.

Así aparece configurado en la Ley 17/2015, que establece que “los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas serían cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, como para la transmisión de la alerta a quien corresponda”.

Esa misma norma establece que la materia vendrá regulada por cada región en un Plan Territorial que está dentro del estatal.

Discrepancias entre PP y Moncloa

El Partido Popular y el Gobierno de España han vertido la responsabilidad sobre la otra parte. La situación empezó un día después de la peor jornada de la DANA, cuando Alberto Núñez Feijóo acudió a la zona cero de la catástrofe y apuntaba al Ejecutivo de España. El líder ‘popular’ señalaba que nadie le había informado de nada.

En la misma línea se pronunciaba el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien afeaba que no se hubiera activado la “situación operativa 3” del plan estatal y la dirección y coordinación por parte del Ministerio del Interior.

Por su parte, el Gobierno Central ha tenido que recordar en varias ocasiones de quién es competencia última gestionar un escenario como el que se da en Valencia y que también ha tenido consecuencias en algunas áreas andaluzas y de Castilla-La Mancha.