Las 488 viviendas del Plan Vive levantadas en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes sin autorización, correspondientes al lote 3 (ConVive Madrid), no podrán ser habitadas. El desarrollo de las obras impulsadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre el cauce del Arroyo de la Dehesa, que ElPlural.com reveló en exclusiva, sin contar la concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo impide su legalización al estar construidas sobre un dominio público hidráulico, tal y como apuntaba el organismo público a este medio. A este impedimento se suma ahora otro: la falta de la licencia de primera ocupación.
Este documento es imprescindible para poder acceder al inmueble y debe ser expedido por el ayuntamiento correspondiente tras la petición de la promotora, Culmia en este caso. Fuentes jurídicas del consistorio de San Sebastián de los Reyes han confirmado a este periódico que ningún técnico emitirá la licencia mientras el proceso, al que la concesionaria ha presentado un recurso de casación, siga abierto y estiman que puedan llegar a alargarse varios años. Además, estas fuentes aseguran que la Comunidad de Madrid les ha trasladado el conocimiento de que las viviendas no podrán ser habitadas, al menos por el momento.
La necesidad de cedula de habitabilidad fue eliminada por el Ejecutivo de Ayuso en julio de 2018, pero la licencia de primera ocupación es ineludible. Su importancia la destaca el propio Ayuntamiento de Madrid, que aunque no sería el encargado en esta ocasión de emitir la licencia, recoge el objetivo del documento. “Tiene por objeto acreditar que las obras vinculadas a las actividades se encuentran debidamente terminadas y aptas según la normativa urbanística, ambiental y de seguridad para su destino específico”, recoge el consistorio de José Luis Martínez-Almeida en su propia web.
“Han provocado la eliminación de un tramo del cauce del arroyo, sin autorización o concesión administrativa de este organismo”, recoge el oficio de la Confederación, razón por que parece evidente que la normativa ambiental ha sido vulnerada al desarrollar obras sobre un suelo de dominio público hidráulico. Además, la administración municipal también pone en valor que la licencia urbanística debe acreditar que “las actividades y las obras necesarias para su implantación o modificación han sido ejecutadas de acuerdo con el proyecto técnico aprobado y según las condiciones en que la licencia urbanística fue concedida”, algo que comienza a estar en el aire.
La Comunidad de Madrid fue avisada y siguió adelante
El inicio de las obras del Plan Vive en San Sebastián de los Reyes y la posterior apertura, el 9 de abril de este año, de las inscripciones para hacerse con uno de los inmuebles ha sido vendido a bombo y platillo por la Comunidad de Madrid. La fecha para la primera adjudicación esta fecha para dentro de poco más de un mes, el 9 de julio, con la pretensión de que los primeros vecinos pudiesen acceder en noviembre. La entrada de inquilinos en las viviendas públicas del municipio del norte de Madrid no se producirá en los tiempos prometidos, si es que llega a producirse.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, que asegura que “no es posible” legalizar estas viviendas, y las fuentes técnicas del Ayuntamiento así lo confirman. Los más optimistas hablan de años de demora. Los más pesimistas apuntan a la demolición. Por el momento, después de la tajante resolución del proceso de sanción iniciado por el organismo público, “revisando en profundidad los informes emitidos, así como otras resoluciones que puedan estar relacionados con la parcela donde se han construido las viviendas del Plan Vive”. Todo esto se ha producido, además, a pesar de que la promotora fue avisada hace un año.
El inicio del expediente sancionador, revelado en directo por ElPlural.com, está fechado el 2 de junio de 2023, momento en el que se remite a la concesionaria (Culmia/Tarvos). La denuncia presentada ante Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico y que detona el proceso es previa (28 de febrero), por lo que cabe suponer que los implicados tenía conocimiento de la situación desde hace más de un año. No obstante, las administraciones decidieron no frenar el proceso, ignorando incluso la oferta de reducción de hasta un 40% de la multa por reconocer la responsabilidad.
La construcción ha afectado a la Dehesa Boyal, tal y como han denunciado asociaciones medioambientales, y las fotografías recabadas y los informes del Servicio de Vigilancia y la Comisaría Adjunta así lo certifican. La ocupación y posterior eliminación del cauce del arroyo, incumpliendo el artículo 116.3 (letra e) del Real Decreto Legislativo 1/2001 de Ley de Aguas puede salir muy caro al Gobierno de Ayuso y a la constructora elegida, a la que la Confederación ordena “reponer las cosas a su estado anterior”; es decir, antes del levantamiento de los bloques.