Vídeo clave de Antonio Balas: la UCO protegió a Miguel Ángel Rodríguez ignorando su bulo en el caso del fiscal

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que firmaron hace un año el informe clave en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, obviaron el que, seguramente, fuera el mensaje más determinante a la hora de poder concluir quién mentía.

Los guardias civiles reconocieron en sala judicial  -en una comparecencia de alo más de una hora- que no consideraron en su análisis el tuit en el que la persona que ejerce como mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, puso en torno a las 22:41 del 13 de marzo afirmaba que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a Rodríguez y no al revés, como realmente fue. Así lo reflejo un vídeo de la declaración al que ha tenido acceso elDiario.es.

La pregunta fue lanzada por el Abogado del Estado de la siguiente manera: “El tuit que puso de manifiesto el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, en torno a las 22:41, que afirmaba que era la Fiscalía la que ofrece un pacto y la misma Fiscalía ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y vaya a juicio, ¿lo tuvieron en cuenta y lo valoraron?”.

En un primer momento los agentes hablan entre ellos para terminar diciendo uno que ellos que “no, no se vio” y otro que sí, pero “después, en otro informe”. El mensaje en el que Rodríguez dejaba por escrito el bulo que llevaba horas difundiendo entre los medios de comunicación conservadores y del que se hizo eco el diario El Mundo no aparece en los informes de la Benemérita hasta pasado un mes, cuando analizan el contenido del teléfono de Juan Lobato, quien ejerciera entonces como líder del PSOE de Madrid (PSOE-M).

En enero, el propio MAR -como se conoce comúnmente a Miguel Ángel Rodríguez- reconocía la mentira en su declaración como testigo. “No es información, pero tengo el pelo blanco”. “Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el ministerio fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta”, indicó.

“Incluyo lo que considero que era necesario”

Uno de los comparecientes fue el teniente coronel Antonio Balas, quien encabezó el registro al despacho del fiscal general siguiendo las órdenes del juez Ángel Hurtado a 30 de octubre de 2024. Una semana antes, se encontraba en la misa Fiscalía participando de un taller sobre lucha contra el blanqueo de capitales y, en el transcurso de la diligencia, incautó los menajes, correos y llamadas de García Ortiz a la vez que sus compañeros de unidad hacían lo propio, con más éxito, en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

El nombre de Balas no se conoció más de cara a la galería, sin embargo, hasta más tarde, cuando trascendió que la que desde la derecha bautizaron como fontanera del PSOE, Leire Díez, había contactado con varias personas en busca de información que pudiera comprometer al teniente coronel, cuya unidad ha protagonizado la parte policial de algunas de las causas judiciales más relevantes del momento como pueden ser el ‘caso Koldo’ o la causa contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. También la investigación contra el que fuera ministro de Hacienda en época de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, y su antiguo despacho, entre otras.

El transcurso de la declaración de los guardias civiles en el Tribunal Supremo (TS) se centraba en el motivo por el cual habían seleccionado unas informaciones de prensa y omitido otras, para contextualizar los mensajes internos de la Fiscalía de esa noche y terminar apuntando al fiscal general. “Ni decidí ni no decidí, eso lo dice usted”, respondería el teniente coronel apostillando que él incluye lo que consideraba pertinente “en ese momento”.

La defensa de Pilar Rodríguez insistió en varias ocasiones en la motivación que llevó a la UCO a no incluir noticias de algunos medios de comunicación que hacían alusión al correo. Los miembros de la Unidad Central Operativa concluyeron que en esos textos previos los periodistas no tenían el contenido literal del informe, aunque se refirieran a él y citaran expresiones textuales como “ciertamente”.

En el momento de la declaración de la UCO en el Supremo, tanto el fiscal general como el provincial habían cuestionado varias veces a los agentes, hasta tal punto que Hurtado -juez ante el que comparecieron- salió en defensa de ellos en una providencia a finales de año.