Del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez hasta llegar en última instancia a las condenas contra José Luis Ábalos, Koldo García o Víctor de Aldama, quien no pisará la cárcel tras una resolución del Tribunal Supremo que no ha estado exenta de polémica.
Entretanto, son ya más de seis los años de pelea judicial entre las víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid por los conocidos como protocolos de la vergüenza y la administración, a la que culpan mayoritariamente de “dejar morir” en 2020 a sus familiares.
Un trato "desequilibrado"
Las asociaciones de centros de mayores son unas de las históricas que denuncian una doble velocidad por parte de la Justicia. A tenor de las últimas informaciones de tribunales, quienes llevan más de un lustro poniendo pie en pared por la no derivación de internos a hospitales durante el Covid intensifican sus reproches.
Hablamos con Carmen Martín, de 7291: Verdad y Justicia, para que nos detalle sus argumentos respecto de este punto. “Llevamos seis años peleando para conseguir justicia para 7.000 personas a las que se dejó morir abandonadas y otros casos van muy rápido”, se limita a señalar, para mencionar a continuación las causas que contiene el inicio de este artículo.
“El caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, se está dilatando, bien porque ‘no puedo presentarme cuando me citan’ -se refiere a González Amador-, bien porque ‘tengo un tema personal de trabajo…’ y se acepta todo”. Haciendo un repaso rápido por las situaciones diferentes, lanza un mensaje claro: “Creemos que no está equilibrado el trato hacia unos u otros en función de lo que se tenga que enjuiciar”.
En qué punto se encuentra el 'caso residencias'
Martín recuerda en qué punto están ellos, y es que en el caso de residencias de la Comunidad de Madrid, por mucho que se hable de él, es fácil perderse. La miembro de la asociación destaca que todavía están “en los inicios”
Con la experiencia encima de la mesa, y a pesar de que se van percibiendo avances, duda sobre la celeridad del proceso. “(...) Algunos de los denunciantes de las 109 denunciaron en mayo de 2020", rememora.
Como han explicado en otras ocasiones a este periódico, en la querella de entonces se denunciaba la omisión de socorro y otros delitos, mientras que ellos ponen el foco en una posible discriminación atendiendo al artículo 511 del Código Penal.
Las últimas noticias jurídicas del 'caso residencias' tienen que ver con Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. El pasado martes, la sección número 16 de la Audiencia de Madrid acordaba desestimar el recurso de apelación presentado por ambos dando pie, de esta manera, a que se los investigue por prevaricación en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la pandemia.
De Aministía Internacional al Alto Comisionado para los Derechos Humanos
La asociación habla de esas “distintas velocidades” de la justicia. “En un momento en que los temas judiciales llenan los informativos queremos recordar la decisión del gobierno de Ayuso de dejar morir sin asistencia sanitaria a 7291 personas que vivían en las residencias de Madrid”, indicaba esta semana en un comunicado de prensa para anunciar un acto que tuvo lugar el pasado jueves. También ha lamentado el “silencio” informativo en parte de los medios.
La decisión a la que dieron pie los documentos que impidieron el traslado a centros hospitalarios, los conocidos como protocolos de la vergüenza, supuso “vulnerar a miles de personas el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación y a una muerte digna”, según recoge el informe de Amnistía Internacional Abandonados a su suerte. “Después, se denegó a sus familias el derecho a la verdad, reconocido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos”.
“Vemos las distintas velocidades en los procesos judiciales y la amplitud y sonoridad mediática de unas causas y otras, distinciones que suelen coincidir con claros intereses políticos y con el rango social, o profesional, al que pertenecen las personas afectadas”, dictan.
“Nos referimos, con esto último, a que entre los especialmente damnificados, que ni son ricos ni poderosos, se encuentran personas desahuciadas, sindicalistas, activistas sociales, artistas condenados y encarcelados, humoristas procesados y las mencionadas víctimas de las residencias de Madrid.”, acentúan.
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