Los tribunales han archivado hasta 144 denuncias desde que la situación de las residencias de mayores de Madrid saltara a los juzgados. Mientras tanto, los familiares de las personas que fallecieron al principio de la pandemia del Covid en geriátricos de la región sin ser atendidos en hospitales siguen exigiendo una macrocausa.
“Es una pesadilla que cada dos por tres salga una noticia de un solo archivo”, señala María Jesús Valero, de 7291, Verdad y Justicia. “Hay alguien que está interesado en justificar que el gobierno de la Comunidad de Madrid, ese Gobierno que hace seis años y medio cometió ese atropello contra las personas mayores, siga impune, y eso es lo que más nos duele”.
Desde la asociación lamentan que “la denuncia de los familiares se terminó dividiendo en 80 procedimientos”, de forma que “hay juzgados que están realizando una investigación seria de la denuncia y otros que no”. “Por eso algunos siguen investigando y otros archivan”, con lo que, quieren hacer hincapié, “hay múltiples casos de ambos supuestos”. En cualquier caso, contemplan que el resultado es consecuencia directa del “hecho disparatado de que no haya una investigación conjunta y única”, como llevan años pidiendo.
7291, Verdad y Justicia también pone sobre la mesa que “la misma división que se ve en los juzgados, se aprecia en la Audiencia Provincial, con alguna Sala que pide una investigación conjunta y otra que quiere que siga fraccionando” y reprocha que “a estas alturas todavía no haya ningún juzgado que se haya puesto a investigar hechos graves que figuran en la denuncia, como el tema de que quien tenía seguro privado fuera derivado, y quien no lo tenía, no”.
¿Por qué se ha archivado la última denuncia?
La Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro, en un procedimiento en que se investigaba la posible comisión de un delito de discriminación en la asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal.
La acusación sostenía que al residente se le podría haber privado de la posibilidad de ser trasladado a un hospital debido a su deterioro cognitivo y la situación de dependencia en la que se encontraba. La parte denunciante consideraba que la investigación no había agotado todas las vías posibles para determinar si los bautizados por los parientes de los damnificados como ‘protocolos de la vergüenza’ habían influido en la decisión de no traslado.
Por este motivo, la defensa recurrió el auto, que fue dictado en diciembre de 2025 por el Tribunal de Instancia de Valdemoro, que había acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias. La Audiencia ha terminado por considerar suficiente la instrucción, durante la que declararon los profesionales sanitarios que atendieron al residencia, del que se incorporó su historia clínica y documentación médica.
La conclusión médica fue que el hombre presentaba un cuadro clínico compatible con infección por coronavirus, aunque no llegó a confirmarse porque no pudo realizarse la prueba por falta de tests. En cualquier caso, el forense estableció que el centro de la tercera edad puso a disposición todos los medios de los que disponía, tanto materiales como humanos, dada la situación.
Sobre el traslado, el punto más polémico y en el que los denunciantes de los mencionados protocolos centran su crítica, el informe concluye que, en otro contexto, el desplazamiento podría haber prolongado su vida pero que, en aquel escenario, el beneficio habría sido “muy limitado” o “nulo”, con lo que considera “correcta” la decisión de mantener los cuidados en la residencia.
¿Macrocausa?
Del lado contrario, a principios de septiembre una jueza de Navalcarnero se posicionaba a favor de que la investigación sobre las muertes que ocurrieron en residencias de la Autonomía madrileña en los primeros meses del Covid se lleve a cabo de forma conjunta.
Coincidiendo en el tiempo con este hecho, la magistrada competente para decidir la agrupación de todas las causas en una sola había preguntado por esta cuestión al responsable de la Audiencia Provincial.
Esta segunda noticia, adelantada entonces por El País, hacía alusión a la discrepancia existente entre esa posibilidad y la investigación caso a caso, como se está llevando a cabo hasta el momento. Más concretamente, dos secciones de la Audiencia fallaban en contra de la macrocausa, mientras que una lo hizo a favor.
Durante todo este tiempo, además de los familiares de las víctimas, han pedido una macrocausa la Fiscalía o el que fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Francisco Javier Martínez Permoningo.
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