Las personas que perdieron a un familiar en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia del Covid en la Comunidad de Madrid están obligados a pisar el acelerador para que los delitos por las muertes no prescriban, algo que tendría lugar entre este mes de marzo y el próximo de abril al haber pasado cinco años de los hechos.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con algunas de las personas que han intentado poner pie en pared durante todo este tiempo exigiendo justicia y reparación. “En el caso del delito por discriminación, al que apuntamos en la denuncia ante la Fiscalía, prescribiría en la fecha que se hubiera producido ésta, caso por caso”, explica Carmen López, una de las muchas personas que integran la plataforma Marea de Residencias y que firma la macrodenuncia contra la administración Sol y los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron la derivación de mayores a hospitales en declaraciones a ElPlural.com.
En respuesta a las preguntas de este periódico, indica que en cuanto a los delitos que se apuntaron en las querellas de la asociación a la que pertenecen, los casos “están en el Tribunal Constitucional, y los que aún no están en instrucción no prescriben aunque hayan pasado cinco años”.
Este periódico ha contactado también con Laura Grela quien, junto a su hermana Marta, consiguió que la Audiencia Nacional admitiera a trámite un recurso contencioso contra el modus operandi de la administración popular durante aquellos días tan complicados. “Prescriben los delitos penales pasado un lustro, pero entiendo que las demandas que ya están puestas siguen su curso”, explica, añadiendo que es algo que “tienen que valorar con su abogado”. “En su día ya nos trasladó que las demandas penales no tendrían recorrido, y tristemente es lo que está ocurriendo”, insta.
Dos caras de la misma moneda, ya que mientras Laura optó por la vía individual -aunque aplaude la valentía de quienes han recurrido a la macrodenuncia- aconsejada por voces expertas, Carmen ha sido también pionera en la manera de intentar arrojar luz y taquígrafos a la tragedia. Esta segunda rubricó un documento del que formaron parte familiares de 115 mayores que, dejan claro su entorno, fueron abandonados a su suerte. El escrito, al que accedió este periódico, afecta a 72 residencias de la región.
El texto emplaza al Ministerio Público a estudiar la “la discriminación sufrida por las personas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia”. Dicho de otra manera: obedece a una acusación penal, dado que para la representación se apela al artículo 511 del Código Penal, el cual habría sido vulnerado a la hora de firmar los protocolos que llevan el sello de Carlos Mur, entonces alto cargo del Ejecutivo madrileño: “Delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios”.
En las últimas semanas el órgano jurídico competente ha estado llamando a declarar a decenas de familiares, pero dado que la cuestión empezaba a prescribir a partir de la segunda quincena de marzo, la Fiscalía Provincial y las de Alcalá y Getafe-Leganés han pisado el acelerador con el paso de los días para que todos los participantes de la extensa denuncia pudieran intervenir en sede judicial, reafirmando aquí la dejadez de funciones por parte del equipo de gobierno de Ayuso.
109 personas han pasado o deberían haberlo hecho por los organismos competentes en aras de exponer los casos que les han llevado a formar parte del documento, respondiendo con ello desde un punto de vista más personal o diciendo nombres. Sea como fuera, nada que no aparezca en el texto que ha originado la apertura de diligencias o que lo complemente, y que viene a concluir que “el protocolo aprobado certificó la denegación discriminatoria de los residentes enfermos y/o con discapacidad”.
Ayuso mantiene su cruzada
La semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid iba más allá y negaba que las víctimas de residencias durante los días en los que se firmaron los documentos de no derivación fueran 7.291. De esta manera, reducía a 4.100 las víctimas, negaba que tales protocolos fueran firmados por políticos de su Ejecutivo y volvía a relacionarlo todo con un plan de “la izquierda y la ultraizquierda”.
En la misma línea, tanto ella como el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, arremetían contra RTVE por emitir el documental de Juanjo Castro que relataba cómo fueron esas jornadas. Una producción, por cierto, para la que su productor quiso contar con el Ejecutivo de la presidenta o la propia Ayuso, pero ninguno aceptó intervenir para contar su versión de lo sucedido.