El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha vuelto a ser protagonista durante esta semana por faltar el respeto a las víctimas de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.
El responsable de prensa de la lideresa regional humilló el pasado domingo a las personas que habían perdido a un ser querido en uno de esos centros durante la pandemia del Covid a causa de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que evitaron el traslado de los internos a hospitales y dejaron un número que no ha dejado de perseguir a la administración Sol: el 7.291.
En concreto, la persona que es mano derecha de la política respondió a Maite Rodríguez, cuya madre se encontraba en un geriátrico de la capital durante el Covid, aunque en realidad contestó a todos los que se sintieron identificados con ella, al señalar que “la primera señora -del programa de LaSexta- no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid”. Algo que era rotundamente mentira.
Después MAR -como se conoce formalmente a Rodríguez- rectificó, pero a su manera. “Yo me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto”, señaló.
"Ayuso y MAR Eestán haciendo una estrategia de guerra constante"
Pero el daño, más allá de que las disculpas se produjeron a medias, ya estaba hecho, y la receptora de aquellas palabras no ha querido callarse ante las declaraciones del jefe de prensa de Ayuso. “Si ese mensaje lo hubiera escrito una persona de a pie habría pensado que tiene cero sensibilidad y una nula empatía, lo que pasa es que eso lo ha publicado un cargo público”, dice en declaraciones a infoLibre, incluyendo en la ecuación a la baronesa: “Lo que están haciendo es una estrategia de guerra que consiste, básicamente en deshumanizar al contrario”.
MAR condena los comentarios hacia la presidenta, pero los familiares de las víctimas están hartos. Maite -la nombraremos de aquí en adelante por el nombre para diferenciarla del jefe de gabinete de Ayuso-, participante de todas las protestas que se llevan a cabo por esta cuestión, lamenta que llevan cinco años escuchando todo tipo de mentiras y menosprecios por parte del PP, quienes culpan a la oposición de estar detrás de los intentos de justicia. Así las cosas, las palabras de Ayuso han pasado del “se iban a morir igual” a decir que todo obedece a una maniobra del PSOE y Más Madrid, pasando por sostener que el Gobierno -central- “no sabe ni cuánta gente se le murió”.
La realidad, lejos de lo que trata de convencer la derecha, es que el Ejecutivo regional nunca ha escuchado a las víctimas. En esta línea, la primera señalada después de Lo de Évole por el responsable de prensa de la lideresa conservadora asegura que sin el incansable trabajo de las asociaciones como Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, a la que ella pertenece, ninguno de los pasos dados habría sido posible.
"Cuando vi los protocolos, me di cuenta de que no fue una tragedia"
En definitiva, Maite es un rostro visible más del dolor de aquellos meses, sobre el que el entorno de las víctimas ha querido poner pie en pared con denuncias, la última de ellas una macrodenuncia firmada por más de un centenar de personas. En el caso concreto de la protagonista de estas líneas, cuenta que su madre murió a los 88 años de edad en una residencia de Getafe debido a los polémicos documentos sacados adelante por parte de la Comunidad de Madrid. “Me reconocieron por teléfono que no lo hacían -derivar a su madre- porque lo tenían prohibido. Me llegaron a decir que no iba a haber ninguna ambulancia, pero yo no entendía nada. No sabía qué hacer. Cuando me llamaron y me dijeron que había fallecido, empezó un duelo que todavía no se había acabado”, emite.
Asimismo, recuerda que fueron días muy difíciles y que los años posteriores -casi un lustro ya- lo siguen siendo. Necesitó ayuda psicológica. “Pareció que lo había aceptado, pero sólo lo había cerrado en falso. Cuando empecé a leer lo que había pasado, a ver los protocolos publicados, me di cuenta de que la muerte de mi madre no fue una tragedia, sino una decisión política”. En aquel momento dejó de ser “algo personal” para ser una “tragedia” que atañía a mucha gente. “Fue una condena a muerte, agónica además. Me imagino a mi madre muriendo ahogada”, revela.
Y por ello forma parte de las 109 firmantes de la macrodemanda: “Necesito que se reconozca la discriminación que sufrieron todos los mayores”. A contrarreloj, varias fiscalías se han puesto ya manos a la obra para que la cuestión no prescriba.