Los vecinos de Montecarmelo responden al empeño del Ayuntamiento de Almeida replantando árboles en el cantón

La lucha que mantienen emprendida los vecinos del barrio madrileño de Montecarmelo no cesa y menos todavía ante el constante menosprecio y silencio del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida hacia las peticiones y reclamaciones que se han ido presentando con el fin de impedir que el consistorio instale en la parcela 26.2b de Montecarmelo el cantón de limpieza, más aún con una resolución judicial que lo declara “nulo pleno derecho”.

Al margen de las últimas protestas que se han llevado a cabo, este pasado fin de semana algunas familias del barrio madrileño se desplazaron hasta la parcela donde se pretende ubicar el cantón y llevaron plantas con el fin de empezar a replantar el terreno que durante este tiempo se ha visto arrasado por las obras, haciendo desaparecer el espacio verde que durante años ha sido el parque de Montecarmelo. Desde la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo compartieron por redes la iniciativa lamentando que “ver un solar devastado deprime y los niños merecen crecer entre vida”.

Con este gesto, se suma una nueva muestra del descontento de los vecinos del barrio a la gestión que el Ayuntamiento de Almeida está llevando a cabo con el cantón de limpieza. Durante el mes de septiembre han sido varias las ocasiones en las que los vecinos han expuesto su rechazo a Cibeles. El pasado día 10 cerca de 100 miembros de la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo se concentraron frente a la sede de la Junta municipal del distrito y presentaron en el Pleno de la Junta una moción con el objetivo de denunciar que el inicio de las obras incumple la resolución judicial que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid dictó el pasado mes de abril tras la demanda interpuesta por el colegio alemán del barrio madrileño. 

Tal y como se desprende de la proposición llevada al pleno, la Asociación de Vecinos de Montecarmelo “insta al órgano del Ayuntamiento que corresponda a que se paralicen las obras y actuaciones en la parcela 26.2b de Montecarmelo hasta que se cumpla con la legalidad y con la sentencia 118/2025 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid”. Y es que en dicha sentencia, además de considerar “nulo de pleno derecho” la instalación del cantón, el juez alegó la ausencia de un informe medioambiental. Con ello, quedaba anulado tanto el traslado de la base del SELUR como la construcción del propio proyecto, otorgando al consistorio un plazo de 15 días para recurrir dicha sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 

Asimismo, el Ayuntamiento de Almeida quedó obligado a pagar las costas del procedimiento legal, aunque ya adelantaron que pretendían recurrir esta sentencia. Una resolución que fue valorada “muy positivamente” por el Colegio Alemán, al considerar que “protege el entorno escolar y refuerza el principio de transparencia en las actuaciones públicas”.

Por todo ello, los vecinos llevaron también al Pleno del distrito una petición para que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, cambiara de puesto al concejal presidente del distrito, José Antonio Martínez Páramo, “porque su lealtad al edil de urbanismo le impide gestionar por el bien de los vecinos y colisiona con los intereses de URBASER y el propio equipo de gobierno”. "Nosotros estamos huérfanos de tener un presidente de la Junta de nuestro distrito porque es un subordinado del señor Carabante", lamentó el portavoz de la plataforma durante el pleno de este miércoles.

En líneas similares a todo lo anterior, el pasado 14 de septiembre 8.000 personas acudieron a la quinta manifestación por la reubicación del cantón. Los vecinos de Montecarmelo salieron nuevamente a la calle para alzar la voz contra las obras del cantón industrial que se está construyendo en el barrio y que fue declarado ilegal por la justicia. La plataforma Marea Amarilla de Montecarmelo solicitó en un comunicado que Cibeles “cumpla su palabra y acate la sentencia que declara nula la construcción de la macroinstalación de basura, camiones y maquinaria y la reubique en zona industrial”.

Las denuncias al Ayuntamiento ignoradas por Almeida

Todo ello se produce con un telón de fondo de constante silencio del consistorio no solo hacia las peticiones del barrio sino a las medidas legales tomadas por sus vecinos. Poco después de conocerse la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo que anulaba la instalación del cantón en esa parcela, los vecinos del barrio presentaron dos denuncias contra el Consistorio ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y a la Policía Nacional, por lo que consideran presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación.

En relación a la presentada ante la Fiscalía, portavoces de la Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo alegaban presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Así, lo hacían concretamente contra el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad; y contra el concejal de Limpieza y Zonas Verdes y presidente del distrito. Por los hechos denunciados -la tala y trasplante de árboles- solicitaban la apertura de diligencias de investigación “para esclarecer los hechos denunciados y determinar si son constitutivos de infracción penal”, los informes técnicos sobre el estado previo del arbolado y la existencia o no de la licencia municipal, que la Fiscalía adopte medidas cautelares “que paralicen los trabajos de poda y trasplante de árboles” y que se practiquen las diligencias necesarias “para el esclarecimiento de los hechos propuestos”.

Por su parte, en la denuncia presentada ante la Policía Nacional, denunciaban los hechos comprendidos entre el 9 de abril de 2025 y el 24 de abril de 2025 referentes a las obras en el parque de Montecarmelo para instalar el cantón de limpieza. Concretamente, denunciaron que “desde la fecha indicada y hasta la fecha de la presente, en dicha parcela se continúan ejecutando trabajos de tala y trasplante de arbolado, presuntamente para acondicionar dicha parcela para la instalación en la misma de edificaciones para la gestión de residuos urbanos”. Añadían asimismo que estos hechos “pueden ser constitutivos de un delito o infracción grave por incumplimiento de la legalidad vigente”, haciendo referencia a la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid. Por todo ello, solicitaron que “se investiguen los mismos y se identifique a los autores y responsables de los citados trabajos de tala y trasplante realizados en la parcela indicada”. administrativa y malversación de caudales públicos.