UGT Servicios Públicos Madrid denuncia las descalificaciones, el desprecio y las amenazas que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, dirigen contra el profesorado madrileño por ejercer su derecho a huelga. La movilización, convocada por el comité de huelga, cuenta también con el respaldo de organizaciones de familias y estudiantes. Sin embargo, lejos de atender las reivindicaciones de los docentes, el Gobierno regional ha optado, según denuncia el sindicato, por criminalizar la protesta. A ello se suma la falta de explicaciones de la presidenta sobre las actuaciones policiales durante las manifestaciones, que han dejado imágenes de momentos de gran tensión.
Durante una entrevista en el programa Horizonte, la presidenta calificó la concentración ante el Palacio de Santoña como una acción de "un grupo de gente muy violenta" y aseguró que los manifestantes "tienen la orden de acosar". No obstante, al explicar en qué consistía esa supuesta violencia, se limitó a mencionar el uso de megáfonos y unos insultos que no llegó a concretar.
La presidenta, sin embargo, evitó pronunciarse sobre las cargas policiales a las que hizo referencia el presentador. Las actuaciones de los agentes durante las movilizaciones han generado críticas por el uso de la fuerza contra algunos de los participantes en las protestas, en las que se han concentrado docentes, estudiantes y otras personas que reclaman mejoras para la educación pública madrileña. Desde UGT consideran irresponsable que Ayuso presente como violenta una protesta con megáfonos y atribuya, sin aportar pruebas, su organización a una "orden" procedente de la Moncloa.
El secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, Javier Becerra García, ha criticado la actitud del Ejecutivo autonómico: "En su intervención en Horizonte, la Presidenta de la Comunidad de Madrid responde a la huelga indefinida del profesorado con descalificaciones, desprecio y amenazas. Intenta crear una realidad paralela que distorsiona lo que está ocurriendo en las calles para provocar al colectivo docente madrileño, que ha actuado en todo momento dentro del orden legal, en lugar de sentarse a negociar sus reivindicaciones."
Por su parte, la consejera de Educación anunció el pasado 16 de octubre que instarán a abrir "los expedientes correspondientes" contra docentes a los que acusa de incitar al odio. Para UGT, plantear posibles sanciones en plena huelga supone un intento inadmisible de intimidar al profesorado. El sindicato recuerda que el derecho de huelga está amparado por el artículo 28.2 de la Constitución y advierte de que cualquier expediente sancionador motivado por el ejercicio legítimo de este derecho podría vulnerar una garantía fundamental.
UGT cuestiona los argumentos de Ayuso contra la huelga educativa
La presidenta madrileña defiende que la huelga carece de justificación "ni por resultados PISA ni por condiciones laborales ni salariales". Asimismo, sostiene que asumir las demandas del profesorado obligaría a construir "más de 200 o 300 colegios" y supondría destinar "más del 75 %" del presupuesto de la Consejería a estas medidas. Sin embargo, según denuncia UGT, Ayuso no ha presentado un desglose que respalde esos cálculos, que además difieren de las cifras ofrecidas por su propia consejera.
El sindicato considera que, si la reducción de las ratios requiere construir cientos de centros educativos, esa circunstancia no invalida las reivindicaciones docentes, sino que pone de manifiesto el déficit de plazas públicas acumulado como consecuencia de las políticas educativas del Ejecutivo autonómico.
UGT también rechaza que se trate de una huelga "política", como sostiene la presidenta. Según recuerda la organización, el profesorado acordó la movilización en junio, varios meses antes de la convocatoria electoral que Ayuso señala como origen del conflicto. Además, en agosto, UGT y el resto de organizaciones convocantes remitieron una carta a la Consejería en la que ofrecían abrir una vía de diálogo para evitar la convocatoria formal de la huelga, sin obtener respuesta.
Ante esta situación, UGT Servicios Públicos Madrid exige al Gobierno regional que convoque de manera inmediata al comité de huelga para negociar las reivindicaciones del profesorado. También reclama que retire las amenazas de expedientes sancionadores y que garantice un trato institucional respetuoso hacia los docentes madrileños.
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