La Plataforma UCM por la Pública convoca para el próximo jueves 16 de abril un referéndum de consulta a toda la comunidad universitaria sobre el Plan Económico y Financiero aprobado en la Universidad Complutense, plagado de recortes, tras la firma del acuerdo de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Una respuesta anunciada tras la omisión de todas las reclamaciones de la comunidad universitaria y el incumplimiento sistemático de la baronesa del Partido Popular (PP) de la normativa académica.

La situación se retorna a hace varias semanas, cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid vendió a bombo y platillo su acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas. IAyuso conseguía así salir de la crisis detonada por la destitución de su ex consejero, Emilio Viciana, y las dimisiones en cascada del clan de ‘Los Pocholos’ al que pertenecía, con una mejora presupuestaria muy por debajo de lo comprometido y fijado por ley. La comunidad universitaria advirtió que no aceptaría “migajas” y todavía mantiene la lucha.

Un plan de recortes brutales y ausencia de financiación

La propia ley universitaria de la Comunidad de Madrid obliga a destinar a las instituciones un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, pero no se alcanza ni siquiera un 0,4%. Con la reforma anunciada, en la que se llegaron a ponderar como financiación las tasas que pagan los estudiantes y sus familias, apenas lleva el total a un 0,5% de cara a 2031. No obstante, los rectores inclinaron la cabeza, convirtiéndose automáticamente en un enemigo más para profesores, alumnos y personal no docente de las universidades, que sufren en sus propias carnes la precariedad.

Menos profesores, sueldos más bajos y subidas salariales sin pagar, menor especialización entre los docentes, recorte de másteres y grados, clases masificadas, reducción de becas para el alumnado con menos recursos, descenso de la investigación o comercialización con terrenos universitarios son algunas de las consecuencias del yugo con el que Ayuso somete a la universidad pública. Simultáneamente, la privada se dispara, representando ya el porcentaje más alto de alumnos de España y disfrutando de una alfombra roja que agrava su penetración, en línea con lo sufrido por el resto de servicios públicos.

Un referéndum para certificar el descontento

El Referéndum, fechado para el jueves 16 de abril, se realizará en puntos clave de las Facultades y Campus de la Universidad Complutense. La principal pretensión de la consulta es recabar la respuesta al plan financiero que, para la Plataforma por la Pública, es “un plan de recortes brutal, en el que se suprimen plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios”. 

Esta acción no será la única. La tercera semana de abril estará marcada por acciones impulsadas por las seis plataformas de las universidades públicas. Las agrupaciones preparan una semana de lucha y movilizaciones, comunicación y actos diversos, que culminarán el domingo 19 de abril en la manifestación en defensa de la educación pública madrileña, a la que se unirán las universidades. Están previstos, además del Referéndum, pasaclases, asambleas, marchas y otras acciones durante toda la semana para trasladar el verdadero sentir de quienes construyen la universidad, no de quienes las dirigen, desde dentro y desde fuera.

El Plan Económico y Financiero que ahora ahoga a la UCM será previsiblemente seguido por otros similares en las otras universidades de Madrid, puesto que los acuerdos firmados por los rectores exigen tales recortes”, advierten desde la plataforma de la Complutense. “Lo que se vendió como un acuerdo histórico es en realidad una encerrona para el futuro de la universidad pública madrileña”, añaden.

Por ello, las Plataformas por las Universidades Públicas desean mostrar su rechazo, a través de las movilizaciones, “a los recortes brutales y a la ausencia de financiación que se legitima con la firma de los últimos planes y acuerdos”. Reclaman, a su vez, el 1% del PIB legamente establecido y recuerdan que la Comunidad de Madrid viola la ley al “desestabilizar y debilitar la Educación superior en Madrid”. 

“La deuda de la Comunidad de Madrid con sus universidades asciende hoy a más de 1.170 millones de euros, cantidad que no se ha pagado para su financiación básica estable, desde hace una década”, ahondad, dejando claro que, “si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá descanso para quienes las asfixian”.

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