Tres ex altos cargos de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso están citados de nuevo a declarar en calidad de investigados, el próximo martes 10 de febrero a partir de las 10.00 horas, esta vez en el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid.
Se trata de Carlos Mur, ideólogo de los conocidos como protocolos de la vergüenza que impidieron el traslado a hospitales públicos de 7.291 personas, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de estos documentos; y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112).
Delito de denegación discriminatoria
En este caso el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid investiga una querella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020. En ella se acusa a los investigados de la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias.
Se trata del quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos del Gobierno Ayuso están citados como imputados.
El 26 de mayo de 2025, Mur y Peromingo debían comparecer como imputados en el Juzgado número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los investigados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.
Así se llega al 17 de junio, cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés suspendió las declaraciones de los exaltos cargos de la administración Sol al decidir inhibirse precisamente en favor del mencionado juzgado, entendiendo que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”.
Mur habló desde Andorra
El pasado 9 de diciembre, Peromingo declaró en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. El firmante de los protocolos estaba citado ese mismo día, pero no compareció, produciéndose finalmente su declaración el pasado 26 de enero, por videoconferencia desde Andorra.
Un día después, Peromingo prestó declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba. En aquella jornada Mur estaba igualmente citado a declarar, pero tampoco compareció.
A modo de conclusión, Peromingo ha declarado de momento en dos ocasiones, mientras que Mur lo ha hecho en una. Por su parte, es la primera vez que Pablo Busca comparece ante un juzgado. Sus comparecencias se han aplazado bien por estar personado o bien por tener problemas de salud.
“Que aclare quién dio las órdenes”
En sus dos declaraciones, Peromingo admitió que los bautizados como protocolos de la vergüenza eran “discriminatorios” y atribuyó la responsabilidad exclusiva de su elaboración a Mur. Éste, por su parte, en su única declaración, indicó que él se había limitado a firmar el texto que le entregaron redactado y señaló que los entonces consejero y viceconsejera de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y Ana Dávila, respectivamente, lo conocían.
Enrique Ruiz Escudero fue nombrado senador por designación autonómica en 2023, mientras que Dávila es en la actualidad consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. La presidenta de Madrid mantiene a ambos aforados.
Las víctimas, mediante la plataforma Marea de Residencias, valoran que Mur se abriera por primera vez en sede judicial a sus superiores en el departamento sanitario.Además, Marea de Residencias se ha referido igualmente a los insultos de Ayuso a las víctimas, a quienes llamó “frustrados”. “Además de retratarla, no pueden ocultar una enorme verdad: seis años después sigue sin explicar por qué no envió a las residencias los 1.826 médicos y enfermeros que tenía a su disposición para medicalizar los centros en marzo y abril de 2020”
En su lugar, apuntala la plataforma, envió a dichos profesionales sanitarios al hospital de campaña montado que se levantó en el recinto ferial Ifema (1.421 médicos y enfermeras), que el “aparato de propaganda de Ayuso” bautizó como el “hospital milagro”. También envió a los hoteles medicalizados (351). A las residencias destinó 54 en total.
“Ayuso tiene que dejar de esconderse tras sus insultos a las víctimas y explicar a toda la sociedad madrileña por qué tomó esta decisión, que afectó a la vida y la salud de miles de residentes madrileños”, concluyen.