El presidente de Tragsa, Jesús Casas, ha asegurado este lunes que la empresa pública no está "legitimada" para negociar el "convenio regional sectorial" de las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid, que este lunes han retomado la huelga. "No se nos puede pedir que negociemos un convenio del que no somos parte", ha dicho.
En declaraciones al informativo '24 horas' de RNE, el máximo responsable de Tragsa ha respondido al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha señalado que la "nómina" de los efectivos de las Brigadas Forestales la "paga Tragsa, que es una empresa que depende del Gobierno de España" y ha señalado que espera que consigan mejoras en sus condiciones laborales.
Según ha explicado Casas, Tragsa aplica "con carácter general" a la mayoría de sus trabajadores "un convenio de alcance nacional, que afecta a todo el territorio de España y con las mismas condiciones". "Y luego en algunos lugares concretos, por circunstancias muy concretas, aplicamos convenios específicos", ha proseguido.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el presidente de Tragsa ha relatado que en el año 2022 el gobierno regional pidió a la empresa pública que se hicieran cargo del servicio, "subrogándolo con el convenio que existía en la Comunidad de Madrid y con el personal que ya existía".
"No es personal de Tragsa; es personal que tenían las empresas privadas con un convenio regional sectorial", ha reiterado Casas, quien ha remachado que su empresa "no puede negociar un convenio regional y sectorial".
"Somos una empresa del Estado y de ámbito nacional. Y nuestros convenios son nacionales. Sería una auténtica locura que tuviéramos un convenio para nuestro personal en cada provincia", ha indicado.
Casas ha expresado que "las asesorías jurídicas tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid han constatado" que Tragsa no está "legitimado para negociar el convenio regional sectorial de incendios de la Comunidad de Madrid".
Las demandas en la huelga
Entre las principales reclamaciones del colectivo han destacado la actualización de los salarios, congelados desde 2010, y la negociación de un nuevo convenio colectivo, pendiente desde 2008. También han exigido que se reconozcan la peligrosidad, penosidad y toxicidad de su trabajo, ya que no están protegidos frente a la exposición a agentes cancerígenos, así como el fin de la temporalidad: actualmente, un 40% de la plantilla solo trabaja cuatro meses al año.
Asimismo, los sindicatos han denunciado el abandono de las bases, muchas de ellas con más de 20 años sin mejoras, y han reclamado la aplicación de la Ley 5/2024, aprobada en noviembre del pasado año, que según han afirmado no se está cumpliendo en la Comunidad de Madrid.