Esta semana la Audiencia Nacional suspendía de manera cautelar la declaración de la Puerta del Sol como lugar de memoria. Durante el franquismo, el histórico edificio que ahora alberga la presidencia de la Comunidad de Madrid fue un espacio de torturas contra los detractores del régimen.
El auto, con el que la Justicia se niega, a menos de momento, a conmemorar lo que pasó el emblemático lugar del centro de la capital antes de que llegara la democracia, aterriza después de un recurso presentado precisamente por la Comunidad de Madrid y pese a la intención del Gobierno de España, que sí esperaba que el espacio sirviera como lugar de Memoria Histórica.
En primera persona
ElPlural.com ha hablado con Julio Pacheco, una de las personas que sufrió las represalias de la dictadura en la entonces Dirección General de Seguridad (DGS), para saber qué sentimientos le produce este veredicto, ya que puede ser extrapolable a los que sientan otros rostros que lucharon por la libertad.
Su caso ha sido especialmente destacado a la hora de recordar un pasado que no queda tan atrás, dado que se trata a su vez de la primera persona que declaró ante una jueza por estas acciones franquistas, concretamente tras una denuncia contra el excomisario José Manuel Villarejo y otros tres policías de la Brigada Político Social.
Las sensaciones de Pacheco se resumen en “rabia, indignación y vergüenza” por una decisión que, considera, se basa además en “argumentos ridículos”, calificando de este modo que la Audiencia Nacional considerase que recordar que en este espacio se cometieron atrocidades puede dañar la imagen de la Comunidad de Madrid. “Creo que es al revés”, sostiene.
En esta dirección, mantiene que “poner una placa explicando lo que sucedió es un homenaje a la gente que peleó contra el franquismo” y que, lejos de dañar su imagen, “dignificaría el edificio”. Sin embargo, lamenta que la resolución “ratifica” lo que las víctimas llevan “años” padeciendo con “beneplácito de los jueces” y otros actores.
Preguntado, como en ocasiones anteriores, por el papel de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su eterna negativa al objetivo de Moncloa para con la Puerta del Sol, Pacheco emplaza que Ayuso “es una vergüenza” y que “hace gala de la incultura” y de la “ignorancia”.
Así, pone la mirada en México, donde la representante de Madrid puso en valor la figura de Hernán Cortés y se movió entre intentos de boicot a su presencia. Sobre el viaje al país norteamericano, que lejos de servir para estrechar lazos con esta zona del mapa, ha servido para lo contrario y cuyos gastos son todavía una incógnita, Pacheco lo sitúa como claro ejemplo de lo que representa la lideresa autonómica. “Es un bochorno”, ratifica.
En el auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado que no comparte el criterio de la mayoría, la Sala de lo Contencioso-administrativo estimaba el recurso por la Comunidad de Madrid. Pero se trata de una medida cautelar hasta que se resuelva el fondo del asunto.
El Gobierno de España lo va a pelear
Con ello, no está todo perdido para las víctimas, ni para los objetivos del Ejecutivo español. De hecho, a los pocos instantes de conocer la noticia, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de su responsable, Ángel Víctor Torres, anunciaba que iba a recurrir la decisión jurídica para “seguir defendiendo que declarar Lugar de Memoria la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de Madrid, no afecta a los usos de ese edificio”.
Justificación de la Audiencia Nacional
Según la Sección Primera, “no puede afirmarse de forma categórica que la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”.
De esta manera, los magistrados concluyeron que “toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”, es “pertinente” la suspensión cautelar.
En la misma línea, no se produce una perturbación grave, a juicio de los magistrados, de los intereses generales por suspender los efectos del Acuerdo durante el tiempo en que se tramita el procedimiento: "El transcurso del tiempo no perjudica la finalidad del acuerdo. Por el contrario, la efectividad de dicho acuerdo sí puede provocar un perjuicio difícilmente reversible a la Comunidad de Madrid"
“Nos encontramos con dos intereses públicos en conflicto, el que defiende la Administración General de Estado y el que defiende la Comunidad de Madrid, si bien tiene especial intensidad el interés que defiende la Comunidad Autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado”, exponen previamente.
En un sentido similar, el auto recuerda que este procedimiento está pendiente del conflicto positivo de competencias que se tramita en el Tribunal Constitucional, lo que también avala la suspensión que solicitó el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
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