Hay decisiones políticas que generan debate y otras que, sencillamente, retratan a quienes las toman. La orden del Ayuntamiento de Madrid de retirar las pertenencias de las personas sin hogar sin previo aviso pertenece a la segunda categoría. No solo porque afecta a quienes menos tienen, sino porque ha conseguido algo poco habitual en la política madrileña: poner a la Iglesia frente al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida.

La Archidiócesis de Madrid, a través de la Mesa por la Hospitalidad, ha lanzado este viernes un duro reproche al Consistorio. El mensaje no ha dejado espacio para las interpretaciones: quitar las pertenencias de quienes duermen en la calle sin avisar previamente “supone incrementar la vulnerabilidad de quienes ya se encuentran en una situación extrema”.

No es una crítica menor. Tampoco proviene de sectores tradicionalmente enfrentados al Partido Popular. El pronunciamiento fue difundido a través de la Mesa por la Hospitalidad, organismo dependiente de la Archidiócesis de Madrid e integrado por entidades como Cáritas Diocesana, la Comisión de Justicia y Paz, la Comunidad Sant’Egidio, la Conferencia Española de Religiosos de Madrid, la Delegación Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana, Pueblos Unidos y el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad.

Las pertenencias de una persona que vive en la calle no son basura. Son, con frecuencia, todo lo que posee”, ha reprochado la Archidiócesis. 

La Iglesia ha dejado claro que Madrid no tendrá menos personas sin hogar porque se retiren sus mantas. La pobreza no desaparece porque se esconda. Almeida ha construido parte de su discurso político sobre la gestión y la convivencia. Sin embargo, en este caso, la imagen que proyecta su Ayuntamiento es la de una ciudad que prefiere eliminar los rastros de la exclusión antes que combatir sus causas.

Las críticas no se han limitado al Ayuntamiento. También la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha sido señalada por restringir el acceso al abono transporte a quienes no estén empadronados. La Iglesia ha considerado que la medida discrimina a las personas migrantes y rompe el principio de igualdad. “El transporte público debe conectar, no excluir”, ha expresado.

“Niega la universalidad de los derechos, la riqueza que las personas migrantes aportan a la convivencia y a la economía del país y da lugar así a la extensión de un bulo que alimenta aún más los discursos xenófobos, racistas y de odio”, ha apuntado tirando un dardo escondido a la "prioridad nacional" pactada en varias Comunidades autónomas por PP y Vox. 

A las voces de la Archidiócesis se han sumado 31 comunidades cristianas, movimientos de base, parroquias y organizaciones religiosas que denuncian unas políticas “segregacionistas, excluyentes y aporofóbicas”. Resulta especialmente significativo que esta reacción se produzca apenas unas semanas después de la visita del papa León XIV a Madrid.

El pontífice habló entonces de acogida, dignidad y derechos humanos. Visitó un centro de Cáritas en un barrio obrero y pidió a los católicos que se dejaran “interpelar por la mirada de quienes necesiten ayuda”. También alertó sobre las ideologías y posiciones políticas que conducen a “injustas generalizaciones”. La contradicción resulta incómoda. Mientras el Papa hablaba de hospitalidad y de no dejar a nadie atrás, las administraciones madrileñas endurecían sus políticas hacia quienes viven en la mayor vulnerabilidad.

"Muchos cristianos nos preguntábamos qué quedaría después de esta exaltación del catolicismo español",han aseverado los colectivos de base, que consideran que las decisiones adoptadas por las administraciones madrileñas chocan frontalmente con el mensaje de acogida y dignidad defendido por el pontífice.

La Archidiócesis ha querido cerrar su comunicado con una frase del propio León XIV: “ “Cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano, se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablará por nosotros”. Quizá esa sea la verdadera cuestión que hoy se plantea Madrid.

Una limpieza que deja heridas

La crítica de la Iglesia va mucho más allá de una discrepancia política. La Archidiócesis de Madrid ha considerado que la decisión del Ayuntamiento de retirar las pertenencias de las personas sin hogar sin previo aviso constituye un auténtico "acto de violencia" contra quienes viven en la calle.

"La decisión de limpiar Madrid de sus pertenencias sin previo aviso va de la mano de un acto de cierta violencia hacia sus vidas y su dignidad", han denunciado desde la institución eclesiástica. 

El malestar se ha agravado tras conocerse la directriz municipal que eliminó los avisos previos a las personas sin hogar antes de las operaciones de limpieza. Hasta comienzos de este año, los afectados podían recoger sus objetos personales o trasladarse temporalmente a otro lugar antes de la llegada de los operarios. Sin embargo, un acta municipal del 10 de febrero, adelantada por El País, recoge la nueva instrucción: "No hay que acudir previamente para dar reporte de los puntos ni hay que acudir a avisar".

Los colectivos católicos han denunciado que esta decisión ha tenido consecuencias especialmente graves. Algunas de las personas afectadas, aseguran, estaban inmersas en procesos de regularización administrativa y han perdido documentación personal indispensable para completar esos trámites. "Entre los enseres eliminados se encontraba documentación requerida para su regularización, con consecuencias gravísimas para sus vidas", han señalado.

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