Los enfrentamientos entre el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo de Pedro Sánchez no terminan de cuajar en una sucesión de batallas en los tribunales. El último golpe que ha recibido la presidenta autonómica es la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba una modificación en la ley para que las asociaciones en favor de los derechos del colectivo LGTBQ pudiesen impulsar causas judiciales. El Constitucional ha acusado a la Comunidad de Madrid de entrometerse en las competencias estatales, sumando este golpe a la lista de rechazos que anulan las sentencias de Ayuso como la ley de eutanasia o su intento para acabar con el impuesto a las grandes fortunas.
Desde el inicio de la legislatura del Partido Socialista, las autonomías con gobierno popular a la cabeza se han convertido en el arma con el que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo puede lanzar sus ataques al Gobierno de Sánchez. Sin duda, la comunidad dirigida por la lideresa madrileña se ha convertido en el magnum opus de los conservadores para impulsar medidas de represalia contra el Ejecutivo.
A pesar de ello, el filo del Gobierno de Ayuso se ha ido desgastando con cada golpe. El encargado de bloquear estos ataques ha sido el Tribunal Constitucional, órgano al que el PP considera como ilegitimo por su mayoría progresista, aunque muchas de las iniciativas judiciales de los populares han sido rechazadas con el apoyo del sector conservador. La última defensa que ha dejado aturdido al PP madrileño ha sido el rechazo a la modificación legal sobre la limitación de acción de las asociaciones LGTBQ. Este cambio en la ley denegaba la posibilidad de que estos grupos pudiesen personarse como acusación popular en casos de vulneraciones de derechos a la comunidad.
Sin embargo, este ataque contra los derechos de las personas LGTBQ ha sido suficiente para crear consenso entre ambos sectores -progresista y conservador- del Constitucional. Los magistrados sentenciaron que la capacidad de decisión sobre quién podía personarse como acusación en un juicio “está vetado al legislador autonómico”. De esta manera, el Tribunal recordó que la conocida como 'ley Zerolo' -norma de carácter estatal- actúa en sentido contrario a la modificación de Ayuso, tratando de eliminar los obstáculos para que las asociaciones tengan vía libre a la hora de combatir “situaciones de discriminación”.
Las afirmaciones de los populares sobre una ruptura en dos bloques contrapuestos en el Constitucional distan notablemente de la realidad. La sentencia que tumba la modificación de Ayuso fue aprobada con tan solo un voto en contra, mostrando una clara sintonía en cuanto a la decisión de los magistrados. Los de Feijóo anuncian un “detrimento” del Constitucional en favor de los socialistas, sin tener el respaldo de sus propios instructores conservadores.
Si sumamos las derrotas a las que la presidenta regional se ha tenido que enfrentar en esta guerra judicial, entre el Tribunal Supremo y el Constitucional, Ayuso ya acumula más de media docena de sentencias que anulan sus recursos y sentencias. Los populares van a la deriva en un enfrentamiento ideológico al más puro estilo del trumpismo que ellos mismo han iniciado. Por el momento, la líder autonómica acumula un pésimo balance con una sola victoria, la anulación de dos millones de euros en subvenciones a varias autonomías.
El fracaso de una batalla ideológica
El impulsor de la alt-right americana y máximo defensor del trumpismo, Steve Bannon, sostenía que para poder ganar la batalla política se debía conquistar primero la guerra cultura o ideológica. Esta idea lanzada desde el otro lado del charco parece haber ido a parar directamente a los oídos de los conservadores españoles, quienes encaran la oposición al gobierno con un intento que pretende lograr esta victoria ideológica en los tribunales.
Los de Feijóo han virado su rumbo hacia posiciones más derechistas, tratando de combatir al Ejecutivo recortando derechos a la ciudadanía basándose en la moral cristiana más ortodoxa. Desde el PP han puesto su mirada sobre Isabel Díaz Ayuso para que sea ella quien actúe como principal portavoz de esta guerra ideológica. El retroceso de derechos para las comunidades LGTBQ no ha sido el único movimiento de la madrileña en esta lucha, sino que la ley de la eutanasia también ha tenido un importante peso.
La presidenta del PP madrileño se encargo de introducir una modificación en la normativa de la Agencia Madrileña para el Apoyo de Personas Adultas con Discapacidad para, en la práctica, poder cercar los derechos de estas personas en cuanto a decidir sobre poner fin a su vida de una forma digna. Ayuso tenia como objetivo exigir una autorización legal para que estas personas pudieran optar por este derecho, sin embargo, una unanimidad entre izquierda y derecha en el Constitucional sentenció que la autonomía estaba invadiendo las competencias del Estado.
Ayuso no ha guardado silencio ante estas derrotas, acusando al Ejecutivo de un “adoctrinamiento” de los magistrados del Supremo. Desde el alto tribunal se rechazó también las alegaciones de la Comunidad de Madrid contra el currículo de Bachillerato puesto en marcha por la Moncloa, en las que los de Ayuso afirmaban una invasión de las competencias regionales.
El frente permanece abierto en los gobiernos madrileño y central con numerosos casos aún a la espera de sentencia, la mayoría en el Constitucional. El más sonado, la conmemoración de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, como lugar de tortura durante la dictadura franquista, algo a lo que la lideresa se opone contundentemente.