El pasado mes de enero se producía un hecho que, esta vez sí, podía marcar un antes y un después a la hora de depurar responsabilidades sobre las muertes en residencias de mayores al principio de la pandemia del Covid en la Comunidad de Madrid como resultados de los conocidos bajo el nombre de protocolos de la vergüenza, que impidieron a muchos residentes ser trasladados a un hospital para recibir asistencia sanitaria.

En 2024 más de un centenar de familiares de víctimas habían firmado la primera macrodenuncia contra el Ejecutivo de la Puerta del Sol, liderado por Isabel Díaz Ayuso, por esta cuestión, y a principios del presente año cuatro fiscalías de Madrid acordaban abrir diligencias por cada una de las personas -109 en total- que habían puesto su membrete en el documento, al que tuvo acceso ElPlural.com.

"Abundante prueba documental"

Había (y hay) esperanza, pero también eran conocedores de que el tiempo volvía a jugar en su contra. Como si esperar cinco años no fuera suficiente, en el momento del anuncio había un serio riesgo de que los delitos denunciados en el extenso documento prescribieran. De hecho, los mismos demandantes emitían un comunicado conjunto para pedir que sus esfuerzos no cayeran en saco roto: “Solicitamos a la Fiscalía que judicialice la denuncia en cuanto haya tomado declaración a los familiares, especialmente teniendo en cuenta que los denunciantes ya aportamos una abundante prueba documental para demostrar la comisión de los delitos”.

En ese periodo de tiempo, el órgano jurídico ya estaba llamando a declarar a decenas de familiares, pero ahora la carrera porque se haga justicia entra en su sprint final, ya que la cuestión prescribirá a partir de la segunda quincena de marzo. Para evitar que esto pase, y presión mediante de los damnificados, las Fiscalía Provincial y las de Alcalá y Getafe-Leganés pisan el acelerador para que todos los participantes de macrodenuncia puedan hablar en sede judicial para reafirmar la dejadez de funciones y su condena a la toma de decisiones de la administración del PP.

109 familiares; 115 víctimas

Serán 109 personas- algunas de ellas de organizaciones como Marea de Residencias o 7.291: Verdad y Justicia- de 115 víctimas las que pasarán por sede judicial a exponer los casos que les ha llevado a formar parte del documento, respondiendo desde un punto de vista más personal o apuntando a nombres. En todo caso, nada que no aparezca en el texto que ha originado la apertura de diligencias o que lo complemente y que venga a concluir que “el protocolo aprobado certificó la denegación discriminatoria de los residentes enfermos y/o con discapacidad”.

Si bien no aparecen declaraciones de familiares propiamente dichas (en primera persona), la denuncia desgrana prácticamente uno a uno los casos detallados por residencias y lo que se denuncia sobre el fallecimiento de cada una de las personas, así como la situación sanitaria en la que se encontraban en el instante en que se denegó su traslado.

72 residencias

Hasta 72 fueron las residencias que padecieron las decisiones del equipo de Ayuso, tal y como refleja la denuncia que, si bien no muestra testimonios en primera persona de familiares, sí que describe a la perfección la situación: “Ninguna de ellas modificó su uso para poder ser utilizada como espacio sanitario”.

Igualmente, añade que “la falta de personal sanitario fue enorme”. “Todos los datos constan en los informes que se aportan en la denuncia, pero por poner solo un ejemplo: el 7 de abril, las72 residencias admitían que necesitaban 37 médicos y 146 enfermeros”. Y apostilla en este sentido lo siguiente:

“Los datos sobre las necesidades de gerocultoras también son demoledores. No se han detallado en la breve descripción sobre la situación de las 72 residencias para no alargar innecesariamente esta denuncia. Además, la Fiscalía puede consultarlos en los informes que se aportan. Pero sí es oportuno señalar que el 7 de abril las 72 residencias necesitaban 756 gerocultoras. Aunque no se trate de personal sanitario, este hecho tuvo un impacto directo en la salud de los residentes, que sufrieron deshidratación y desnutrición porque en muchos centros no había personal suficiente ni para darles la alimentación”.

También demandan las “enormes carencias de material”: “Basta destacar un dato, que aquel 7 de abril los centros declaraban 179 concentradores de oxígeno, algo básico para que un enfermo por Covid pudiera respirar sin ahogarse”.

Esta denuncia "tiene opciones"

Consultados por ElPlural.com, expertos coinciden en que se trata de una denuncia bien armada, que “sí tiene opciones de ir para delante porque los famosos protocolos de exclusión están por escrito y firmados por las autoridades de la Comunidad de Madrid”. “Va contra muchas autoridades (políticas, SAMUR, gerentes…) de instituciones muy distintas que colaboraron en la práctica de estos protocolos. Entiendo que tendrán que declarar varios”, indicaba en una entrevista reciente a este periódico la viróloga María Zunzunegui, a la que los populares vetaron en la Asamblea.

En otro orden de cosas, tal y como ha explicado este medio en artículos anteriores, la macrodenuncia toca muchas aristas como el hospital de campaña de Ifema, los hoteles medicalizados o cómo el servicio recibido dependía del tipo de seguro que tuviera el paciente. Esto es, que si disfrutaba de seguro privado sí era atendido.