Los sindicatos médicos, a través del Comité de Huelga, han dado un golpe sobre la mesa contra la última medida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de prohibir las pancartas, carteles y recogidas de firmas en centros de salud que apoyen las manifestaciones de los profesionales de la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Por ello, el sindicato AMYTS ha anunciado en un comunicado distribuido a los medios de comunicación que inician acciones jurídicas contra la Consejería de Sanidad, capitaneada por Enrique Ruiz Escudero. 

Las diferentes organizaciones y sociedades que conforman el Comité de Huelga han comenzado las consultas con sus respectivas asesorías para empezar a "acciones jurídicas pertinenes" a poner en práctica para responder a la última prohibición de la dirigente madrileña. "Desde AMYTS comunicamos que vamos a iniciar acciones jurídicas al comprender que hay motivos jurídicos -aparte de los democráticos- para denunciar la Resolución de la Consejería de Sanidad", precisan en el escrito.

De este modo, el sindicato convocante de las manifestaciones de la Atención Primaria en Madrid señala la siguiente manifestación: "La Consejería de Sanidad utiliza sus energías en una actitud de confrontación y amenazas. [...] Esto viene a alejar las posibilidades de una necesaria solución al problema, así como coarta la libertad sindical, de expresión de los ciudadanos y de información en el contexto de un conflicto sin resolver", condenan, en primer lugar. 

Es así como, en contra del último dictamen de Ayuso, llaman a la ciudadanía madrileña a sumarse a una recogida de firmas masiva a través de las redes sociales y todos los medios que sean posibles, debido a que "es a ellos a los que se les impide manifestar su apoyo a una adecuada gestión de la Atención Primaria madrileña", urgen. 

AMYTS tacha así de "actitudes represivas y reprobables" las acometidas por la Consejería de Sanidad de Escudero y, en consencuencia, el Ejecutivo de Ayuso, a la par de que enfatizan de que este ruido no debe desviar la atención del objetivo final: "Dotar a la Atención Primaria madrileña de los recursos necesarios para una atención de calidad y dar solución a la tozuda realidad de un millón de madrileños -200.000 de ellos niños- sin médico asignado".

La última ofensiva contra la sanidad pública

La presidenta madrileña ha vuelto a faltar al sector sanitario de su región pocos días después de la multitudinaria manifestación que tuvo lugar en el corazón de la capital y que fue apuada por todos los trabajadores del sector. “No se podrán realizar actividades como la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud”, reza la resolución de la Consejería, todo ello para "garantizar un uso adecuado de los centros de salud", justifican.

 "Los centros de salud y los hospitales son de los pacientes, son de los ciudadanos y están haciendo ustedes labores sindicales dentro de las consultas y en horario de atención al ciudadano", sentenció Ayuso el pasado juevez. Unas palabras que, ahora, se han materializado con la entrada en vigor de esta medida.

Para más inri, la Administración popular ha asegurado que la Consejería, a través de la Gerencia de Atención Primaria, va a impulsar "actuaciones de control" del buen uso de las instalaciones "y reforzará, directamente o través de las empresas de mantenimiento y limpieza contratadas, los trabajos necesarios para asegurar el orden y el confort" en los centros de salud, lo que defienden "redundará en una mejor atención a los usuarios".

Asimismo, han anunciado que se van a llevar a cabo inspecciones con "visitas programadas, seleccionadas de manera aleatoria, a distintos centros de Atención Primaria, comenzado por 50 dispositivos" al tiempo que ha instado a los propios usuarios a "hacer llegar sus quejas y reclamaciones frente a situaciones que no se correspondan o sean ajenas a la mera prestación del servicio público de asistencia sanitaria".