La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, se encuentra cada vez más arrinconada por su gestión del que puede bautizarse como ‘caso Alborada’, que compromete al colegio con este nombre, de carácter concertado y con vinculaciones al Opus Dei tanto por su relación con la Fundación Tajamar como por el servicio que presta la prelatura en el ámbito pastoral del centro, tal y como reconoció la oficina del Opus Dei en España en conversación con ElPlural.com.
El caso de un excuidador del espacio académico que habría abusado sexualmente de niños de entre tres y seis años, muchos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o dificultades comunicativas saltaba a los medios en mayo de 2025 a raíz de la detención del trabajador y la expulsión del mismo por parte de la dirección.
Sin embargo, a finales del año pasado este periódico informó, basándose en multitud de testificales, testimonios, denuncias y mails internos, del posible encubrimiento por parte del Alborada. Según la documentación, el colegio fue advertido de los hechos “aproximadamente” en septiembre de 2024, pero solamente dio “avisos” a la persona implicada, sin activar “protocolos” o “medidas”; algo que la dirección negó a este medio.
A ese presunto silencio le siguen la gestión asimismo en entredicho de la autonomía madrileña, basada en preguntas bloqueadas en la Asamblea que dirige Enrique Ossorio -ex consejero de Educación de Madrid- o la obstaculización que sufriron las familias cuyos hijos fueron víctimas e intentaron cambiar la matrícula, según denuncian fuentes que prefieren mantener el anonimato.
Presión conjunta
El acompañamiento al entorno de los niños y niñas se ha visto reforzado por Más Madrid, la Confederación de AMPAS de la Comunidad de Madrid y, ahora también, por el Sindicato de Estudiantes, que se pronunciaba esta semana.
“Hace unas semanas conocíamos el caso de casi una veintena de denuncias por abuso sexual a menores en un centro-privado concertado de Alcalá de Henares (…) Desde el Sindicato de Estudiantes mandamos toda nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y sus familias y denunciamos a la dirección del centro como responsable directo de los abusos”, emitía en redes sociales.
Con el apoyo de su plataforma Libres y Combativas, en defensa del feminismo, el sindicato mantiene en su reacción que la situación es “consecuencia directa de la gestión de la enseñanza por parte de empresas privadas, que ponen por encima de todo su beneficio; y de la Iglesia Católica, que acumula como bien sabemos una larga tradición de permisividad con los abusos sexuales, especialmente a menores”. “La misma cultura de la violación que vivimos cada día, pero con aún más impunidad y con el disfraz de cordero de la religión”, aseguran.
En un comunicado muy duro, el sindicato alude al caso de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar: “Como en ese caso, aquí hay responsables directos además del agresor denunciado (…) Cómplices que han intentado barrer debajo de la alfombra y que tienen que dimitir inmediatamente”.
Para “presionar porque se haga justicia” llaman a la movilización: “Que se ponga fin al concierto de una empresa que permite esta situación. La Comunidad de Madrid de Ayuso son una parte del problema”.
El Ejecutivo autonómico deberá dar explicaciones
La Comunidad de Madrid, acostumbrada a pasar su rodillo parlamentario en forma de censura gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta, debería dar explicaciones en la Cámara regional después de que Más Madrid registrara esta semana una pregunta relativa a esta cuestión.
La portavoz del partido alcalaíno, Rosa María Romero, cree que es “profundamente contradictorio” que la administración de la Puerta del Sol “se declare incompetente para responder a preguntas relacionadas con la protección del alumnado o el impacto de una situación judicialmente sensible” a la vez que se declare “plenamente competente para financiar a ese mismo centro mediante cesiones de patrimonio público”.
“No estamos pidiendo valoraciones judiciales ni datos personales, sino información objetiva sobre el uso de dinero y recursos públicos, dado que han existido informaciones y manifestaciones públicas sobre la gestión interna de los hechos bajo investigación judicial y otros, lo que refuerza la necesidad de transparencia en el uso de fondos públicos”, declaraba Romero. “Cuando un centro privado recibe financiación pública deja de ser un asunto exclusivamente privado”, deja claro, atestando que “la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero público se destina, en qué condiciones y bajo qué controles”.