A principios de los 2000, el caso Nevenka sacudió España, convirtiéndose en un precedente clave en la lucha contra el acoso sexual en España y en un ejemplo claro de cómo funcionan los abusos de poder. Más de dos décadas después, El País acaba de destapar que el PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles. Lo cierto es que se trata de un patrón habitual que se repite en situaciones de acoso en el seno político, por lo que es posible hablar de las similitudes de este caso que salpica al PP de Ayuso con lo ocurrido en el de Ponferrada hace 26 años.

El caso que salpica al PP de Móstoles

El citado medio informa de que, en 2022, una concejala del PP de Móstoles fue, presuntamente, víctima de acoso sexual por parte de Manuel Bautista, alcalde del municipio madrileño. Todo comenzó en marzo de 2022, cuando él político escogió a esta mujer para formar parte de las listas que presentarían a las elecciones municipales.

Según la querella de la denunciante, pronto empezaron las insinuaciones y comentarios de tipo sexual, incluyendo proposiciones explícitas. Desde el inicio, la mujer rechazó cualquier vínculo que no fuera profesional, pero Bautista decidió hacer oídos sordos. La fijación del popular era más que evidente a ojos del resto, puesto que personas que trabajaban para él llegaron a contarle que tenía una “una obsesión tremenda” con ella. Frases como "la he fichado para que me haga un gran trabajo a mí" o "está buenísima, esta es solo para mí” acompañaban a los alardeos, con los que aseguraba que se acostaba con la denunciante.

La mujer comenzó a sentir un gran malestar personal y profesional, que fue en aumento ante su clara negativa al edil. Comenzó entonces lo que ella define como un “acoso profesional reiterado” en el que se produjeron desde humillaciones habituales hasta una "invisibilización continua” de su trabajo que buscaba aislarla profesionalmente. La concejala, en su denuncia, enumera hasta 14 episodios que considera arbitrarios y degradantes, ordenados por el alcalde, hasta que el regidor le traslada que se va a dar su puesto a otra persona.

En ese momento, la mujer decide solicitar amparo al PP y escribe al gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en febrero de 2024. Su caso fue derivado al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. La denunciante tuvo un encuentro con Serrano y Ana Millán en Génova, y la vicesecretaria de Organización le desanimó en su deseo de acudir a la Policía o los tribunales: "El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia".

Un mes después, la concejala y Millán volvieron a reunirse para conocer qué se estaba haciendo con el caso, pero el encuentro fue aún más oscuro: "Todas hemos aguantado muchas cosas. No vale la pena, déjalo, el PP no acaba en Móstoles". En octubre de 2024, la denunciante no volvió a saber nada del partido y, ante el malestar sostenido a lo largo de los meses, terminó presentando su dimisión y la baja como afiliada. Y es que, a lo largo de los meses, la mujer pidió ayuda hasta en seis ocasiones a la formación, que le dio la espalda en todas y cada una de ellas, tratando de silenciar el caso. 

Nevenka Fernández y el caso de acoso que marcó la política municipal

Nevenka Fernández entró muy joven en política como concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada (León) por el Partido Popular, donde conoció al alcalde Ismael Álvarez, con quien mantuvo una relación sentimental que terminó a principios de 2000. Tras la ruptura, según su testimonio, Álvarez no lo aceptó y comenzó un comportamiento continuado de llamadas, mensajes, notas y presiones verbales que ella calificó como acoso sexual, laboral y psicológico, afectando gravemente a su vida personal y profesional.

En marzo de 2001 Nevenka convocó una rueda de prensa en Ponferrada para anunciar su dimisión como concejala y hacer pública la denuncia contra el alcalde, un hecho sin precedentes en la política española. Álvarez negó las acusaciones y las redujo a un “asunto entre dos personas”. El PP respaldó mayoritariamente al alcalde, sin adoptar medidas disciplinarias claras, y la situación se politizó con una fuerte presión sobre la denunciante. El secretario general del partido llegó a encargar un informe sobre el caso y declaró que confiaba en su inocencia mientras la Justicia no dictara lo contrario.

La reacción social fue muy polarizada: más de 3.000 personas se manifestaron en apoyo a Álvarez, mientras que solo unos cientos lo hicieron en favor de Nevenka, evidenciando el escaso apoyo institucional y social inicial que recibió, incluso dentro de su propio partido.

El caso llegó a juicio en 2002 por acoso sexual continuado, coacciones y otros cargos, con más de cuarenta testigos y gran atención mediática. Durante el proceso, Nevenka tuvo que afrontar interrogatorios polémicos y dudas públicas sobre su relato. En mayo de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a Ismael Álvarez por acoso sexual, imponiéndole una multa, una indemnización de 12.000 € a Nevenka y una pena de nueve meses que no implicó ingreso en prisión. Ese mismo día Álvarez dimitió como alcalde, no por sanción interna previa, sino por la presión derivada de la sentencia.

En 2003 el Tribunal Supremo rebajó parcialmente la condena al eliminar el agravante de abuso de superioridad, reduciendo la multa pero manteniendo la indemnización y confirmando la condena. La carrera política de Álvarez quedó truncada; años después publicó un libro defendiendo su inocencia. Nevenka, tras sufrir un intenso desgaste social y mediático, reconstruyó su vida fuera de España y ha continuado compartiendo su experiencia con el paso del tiempo.

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