Los hospitales de la Comunidad de Madrid empezaron a rechazar pacientes once días antes de que se firmara el primero de los conocidos como “protocolos de la vergüenza”, aquellas órdenes que evitaron que residencias de mayores derivaran a personas contagiadas de coronavirus y sobre las que muchas familias todavía buscan justicia o, al menos, una mínima explicación más allá de las concedidas por la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y que van en contra de lo que reflejan expertos y organizaciones.
Un exhausto informe académico liderado por el profesor canadiense François Béland concluye, a partir de los datos de la primera ola de pandemia, que el 7 de marzo de 2020 la autonomía tomó de manera clandestina una decisión que terminó resultando trágica para miles de personas mayores y sus familias. El primer protocolo que rechazaba la hospitalización llegó a los geriatras el 18 de marzo.
Los procedimientos judiciales siguen abiertos
El hecho agrava más si cabe la opinión de los afectados acerca de la medida y redobla la presión sobre Ayuso y los responsables de llevar a cabo una decisión que provocó un enfado enorme a nivel social y dimisiones en el seno del Ejecutivo. Al otro lado del teléfono atiende a ElPlural.com el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (PLADIGMARE), Miguel Vázquez, una de esas voces incansables en la lucha por esclarecer lo que pasó.
“Indignación”. Esta es la primera palabra -seguramente una de las que más ha repetido durante los últimos años- que se le viene a la cabeza cuando el periódico le pregunta por el mencionado análisis, un documento que “viene a confirmar que ya había unos criterios establecidos que claramente discriminaban a las personas mayores por el hecho de serlo y vivir en residencias”.
Del nuevo informe se puede desprender una doble lectura. Por un lado, que las residencias será uno de lo asuntos que abra el nuevo curso político -aunque realmente el tema de los centros de mayores siempre ha sido uno de los talones de Aquiles de la presidenta- y, por otro, puede echar más gasolina a la madera penal de quienes mantienen la pelea en los juzgados.
“Hay procedimientos abiertos que están todavía en fase de instrucción y esperamos que puedan celebrar su correspondiente juicio, por lo menos alguno de ellos, y que se puedan dirimir responsabilidades que puedan servir de forma generalizada a todos los que sufrieron la situación”, expone Vázquez, en un punto intermedio entre la desconfianza y la no rendición, y es que en la región liderada por los ‘populares’ ningún caso por la vía penal ha llegado a juicio, según confirman tanto las asociaciones de familiares como la propia Fiscalía.
En este escenario, preguntado directamente sobre si alguna de esas “responsabilidades” puede recaer sobre la propia Díaz Ayuso, el presidente de PLADIGMARE opina a título personal, más como individuo que como representante de la plataforma: “Es muy difícil dado el sesgo político que parece que tiene una gran parte de los jueces y juzgados de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora no se le ha imputado en absoluto, pero creemos que la responsabilidad política es evidente (…) A título personal, los responsables de la Consejería de Sanidad del momento también podrían tener seguramente responsabilidad penal”.
A Ayuso no se le ha imputado, pero su responsabilidad, al menos política, es evidente (…) Parece que los jueces tienen un marcado sesgo político
Es complicado explicar de qué manera avanzan las causas judiciales en los juzgados, ya que no hay estadística. Las últimas para todo el país las facilitó el año pasado la Fiscalía General del Estado, correspondientes a septiembre de 2022. Entonces había 106 procedimientos judiciales activos.
A fecha de hoy, en Madrid y Cataluña, las dos autonomías con más fallecimientos, había 72 procedimientos en marcha por la vía penal a finales de marzo en la primera y al menos cuatro en la segunda. Por su parte, es imposible cuantificar cuántas demandas civiles se han producido.
En cualquier caso, Vázquez deja claro que las víctimas de los conocidos como “protocolos de la vergüenza” van a monitorizar buena parte de la nueva temporada en la Asamblea: “Vamos a seguir hasta que consigamos esclarecer todo lo que sea necesario. Vamos a seguir reclamando la verdad y la justicia”.
El presidente de la plataforma lamenta la doble vara de medir de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando emplea el concepto de vida para cargar contra algunas de las medidas sociales que son bandera de la izquierda, como el aborto o la eutanasia. “El derecho a la vida de la presidenta es selectivo; parece ser que para las personas mayores, al menos las que viven en residencias, no existe”.
Las residencias, pasado y presente de la gestión de Sol
Y sobre estas personas, las que ya no están y las que siguen, asegura Vázquez, van a poner todo su empeño. La gestión de la región madrileña respecto de los centros de mayores no se limita al Covid, sino que hay cosas que, lejos de cambiar, se han repetido e incluso empeorado y que guardan relación con la comida que a veces llega a los internos o la situación laboral en las que se encuentran sus cuidadores: “Las condiciones en las que están los mayores son totalmente indeseables, con falta de personal que provoca que sea imposible que se presten los servicios que se debería”.
En cifras, según un estudio fechado en julio del que participaron Comisiones Obreras (CCOO), UGT, el presidente de la Sociedad de la Geriatría y la Gerontología y PLADIGMARE, las necesidades de personal eran cinco veces superiores al número de profesionales que ahora mismo operan en las residencias de mayores de la región. Aunque Vázquez no pierde el horizonte nacional: “La situación es mejorable en todo el país (…) Existen acuerdos que llevar a la práctica, la necesidad de crear nuevos centros de máximo 120 personas en las grandes ciudades y 75 en las zonas rurales y una mayor coordinación con el Sistema Nacional de Salud para que no vuelva a pasar lo que pasó”.
Personas que pasaron a ser solo números
Hasta enero de 2023, cerca de 35.000 internos de residencias murieron en España con el virus o sintomatología, sin poder siquiera hacerse un test en los primeros meses. Solo hasta junio de 2020, fallecieron más de 19.000 personas. Madrid fue la autonomía con más muertes. Pese a lo dramático de la situación y amparándose en la saturación de los hospitales, el Ejecutivo firmó los protocolos que impedían la derivación de personas dependiendo de su discapacidad física o mental. Ayuso afirmó que habrían fallecido igual, pero la Comunidad ni siquiera les concedió la oportunidad de dar o quitar la razón a sus palabras.