La gestión pública de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid no sólo sitúa el foco en los ‘protocolos de la vergüenza’ de la pandemia o la polémica sobre los menús que reciben los mayores, sino también por cómo es el procedimiento para reconocer el grado de dependencia y las ayudas que se derivan de ello.
Las residencias, representadas por la asociación Pladigmare (Plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias), presentaron este martes alegaciones ante el nuevo decreto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que modifica el procedimiento y acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) al considerar que algunos de sus artículos “perjudican gravemente a las personas dependientes y a sus familias” al ver aumentada “la burocracia”, además de retrasar “la atención y generar situaciones injustas y deshumanizadoras”.
Del silencio administrativo a prestaciones económicas
A través de un comunicado, la asociación situó como primer punto que el silencio administrativo podría dejar “sin derechos” a miles de mayores que quieran solicitar estos derechos. El decreto reza en su artículo 25.3 que, “si en el plazo de seis meses no hay resolución expresa, la solicitud se considerará desestimada por silencio administrativo”. Ante este supuesto, Pladigmare denunció que, ateniéndose a los últimos datos del IMSERSO, la Comunidad de Madrid “tarda 221 días en resolver el grado y 364 días en resolver la prestación”. Un escenario que deja a “miles solicitudes serán rechazadas injustamente, cargando sobre los ciudadanos las consecuencias de la mala gestión de la Administración”, en este caso, del Ejecutivo de Díaz Ayuso.
También apuntaron a la “crueldad” en el acceso a las plazas para parejas en residencias, situando el foco en el artículo 46.2 del Decreto que establece que, en caso de ingreso conjunto, “el grado de dependencia se aplicará a ambos”, lo que se traduce en que “una persona dependiente podría ver retrasado su acceso porque su pareja tiene un grado inferior o ninguno”. Esta regulación, en lo que concierne a este segundo punto, señalaron desde Pladigmare que es “cruel e inhumana”, ya que obliga a parejas mayores a “separarse o retrasar su ingreso para no perjudicar” al otro, pese a que precisan del apoyo mutuo. Además, ahondaron desde la asociación que la presencia y cuidado de la persona con menor dependencia “puede contribuir positivamente en el bienestar y organización del centro”.yy
A su vez, como tercer punto, reclamaron que la prestación económica vinculada al servicio (PEVS) sea reconocida “con carácter transitorio” e incorporada automáticamente en el Programa Individual de Atención (PIA) en aras de evitar “trámites duplicados y dificultades añadidas” a familias vulnerables.
Asimismo, Pladigmare también indicó la necesidad de sustituir el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por el Ingreso Mínimo Vital (IMV) al ser “un indicador actualizado y más ajustado a la realidad socioeconómica actual”. Así, como quinto y último punto, reiteraron que el texto del Gobierno de Ayuso también es “confuso” sobre las ausencias temporales y el coste de la plaza residencial.
“Urgimos a rectificar un decreto que, lejos de proteger, dificulta el acceso a los derechos de las personas dependientes y añade cargas injustas a sus familias. (…) La atención a la dependencia es un derecho, no un privilegio”, reiteró Pladigmare en su comunicado.
En octubre de 2025, el Ejecutivo de la Puerta del Sol inició la tramitación de nuevo decreto de dependencia autonómico en aras de reducir trámites, aumentar prestaciones y personalizar aún más la atención a estos colectivos sociales pero, a juicio de Pladigmare, la práctica no se aplica como la teoría en lo que concierne a los usuarios de las residencias y personas mayores dependientes.