Empresas privadas explotarán varias residencias y centros de día público-privados en parcelas públicas de la Comunidad de Madrid. En la última semana la polémica aumentaba después de conocerse que la región ha renunciado a cobrar casi 60 millones de euros en concepto de tasa por el tiempo que, a priori, durarán las concesiones, según adelantaba El País.
Las compañías podrían actuar sobre estos espacios, al menos, durante los próximos 70 años, según establece el plan en esta materia de la región madrileña. Dicha concesión podría ampliarse hasta los 75 años, lo que implica que, en el supuesto de que se cumpla el tiempo máximo, las firmas tendrán potestad sobre estos lugares hasta el año 2101.
El montante que dejará de ingresar la Comunidad de Madrid se refiere únicamente a siete residencias y centros de día público-privadas en parcelas públicas, con lo que, considerando que la idea pasa por licitar 33 más, esta cantidad aumentaría.
Según los cálculos de la propia Autonomía, la cuantía podría oscilar entre los 37.953,44 hasta los 230.559, 70 euros anuales, considerado las cantidades mínimas y máximas que se manejan por el momento. Teniendo en cuenta solamente los siete terrenos de las nuevas residencias, el resultado total sería de 800.109,54 euros anuales; si bien, como las adjudicaciones son a 70 años -ampliables a 75-, la cantidad que no llegará es, en realidad de unos 56 millones de euros o 60 en función de si se tiene en cuenta ese lustro más, o no.
La izquierda critica que se abra la puerta a la privatización; la CAM defiende el modelo
El dinero que dejará de ingresar la Comunidad de Madrid solamente ha aumentado los reproches a una idea que, en el momento mismo del anuncio, generó controversia en la izquierda y plataformas y/o movimientos, colectivos u organizaciones por lo que consideran otra acción en favor de lo privado y en detrimento de lo público.
El bautizado como Plan Residencial 40-40, que abarca décadas, ha recibido una respuesta negativa de la oposición madrileña y parte de la sociedad, destacando las personas cuyos familiares fallecieron sin recibir atención hospitalaria en marzo de 2020, al inicio de la pandemia del Covid.
El plan supone construir 40 nuevas residencias y otros 40 centros de día en todo el territorio, que contarán, según las previsiones de Sol, con 6.000 nuevas plazas de residencias y 2.000 de atención diurna. Asimismo, destacan las facilidades que estos espacios ofrecerá a personas con grado de dependencia leve o moderada, y que dispondrán, incluso, de una fórmula intergeneracional incluyendo escuelas infantiles.
A esta defensa en lo que respecta al plan propiamente dicho, la Autonomía suma que no ingresa el mencionado dinero porque la cesión del suelo será gratis y los concesionarios ya pierden alrededor de 600.000 euros al año por no poder explotar todas las plazas que tienen que ceder al sistema público a precio de mercado.
En la documentación que explicaba los motivos para no ingresar cerca de 60 millones de euros -si la concesión es a 75 años- publicada en el portal de contratación, la Comunidad de Madrid define que “las condiciones y las obligaciones para el concesionario hacen disminuir el valor que obtiene con la explotación del centro en comparación con el beneficio que obtendría una residencia privada que no estuviera obligada a reservar un número de plazas a favor de la Comunidad de Madrid”.
Cabe destacar que la normativa aplicable citada en cada concesión estima que la tasa no se cobrará si las condiciones o la contraprestación de la adjudicación “anulan o hacen irrelevante” la utilidad económica del negocio adjudicatario, pero este motivo no aparece en la documentación.
En otro orden de cosas, la región promete que la tasa será sustituida por una contraprestación económica, acorde a la ley, que sitúa por encima de “la que deben realizar las concesionarias con la cesión de plazas a la red pública y de precio tasado”. En números, contemplan que la compensación de poner las plazas a disposición de Madrid es cinco veces mayor a las tasas: 619.000 euros por las cinco últimas residencias licitadas, frente a tres millones de euros.
Parcelas públicas
Una de las primeras noticias que reflejaban los medios de comunicación se referían a la cesión gratuita durante siete décadas de una parcela de 8.000 metros cuadrados de suelo público que la empresa inversora podría explotar por dos vías, según El País. Una, a precio decidido por la Administración, en tanto en cuanto tendrá 80 plazas públicas entre residencias y centros de día; y otra a precio de mercado, con más de un centenar de plazas privadas (90 de residencia y 30 de centro de día).
En vísperas del verano, el mismo medio publicaba, de información obtenida por el portal de transparencia, que cedería 19 parcelas municipales distribuidas en 23 distritos valoradas en 87 millones de euros.
Los proyectos se desarrollarán en Las Rosas (San Blas), El Cañaveral (Vicálvaro), Hortaleza, Fuencarral, Carabanchel, Moncloa-Aravaca, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Moratalaz, Barajas, Puente de Vallecas o Ciudad Lineal. También abarcará las localidades de Móstoles, Alcorcón, Leganés, Rivas Vaciamadrid, Tres Cantos, Arroyomolinos, Valdemoro o Arganda del Rey, entre otros. El Gobierno madrileño afea a los municipios de la izquierda no ceder parcelas.
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