La reprobación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se debatirá en el pleno de la Asamblea de la semana que viene; el 12 de febrero. Asimismo, la comisión de investigación sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz se debatirá siete días después, el 19 de febrero.
Sobre el jefe de prensa de la lideresa regional, Más Madrid recuerda que, tras los insultos vertidos a la informadora a una periodista de elDiario.es hubo varias asociaciones y sindicatos que reaccionaron a la situación, como la Federación de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Madrid, Reporteros Sin Fronteras y el Sindicato de Periodistas de Madrid, dejando claro que “esta actitud constituye una presión intolerable que coarta la libertad de prensa y atenta contra el derecho a la información veraz de los ciudadanos que consagra la Constitución”.
Destitución de MAR
El partido que Manuela Bergerot capitanea en la Asamblea, alude al código ético por el que se rige el responsable de prensa de Ayuso, el cual incluye entre sus valores la “ejemplaridad”, el “respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicos”, y el “trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas”.
La formación insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la destitución de Rodríguez, comunicar a elDiario.es el rechazo a los mensajes y “comprometerse con la independencia de los medios de comunicación, renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, especialmente cuando se están investigando o publicando informaciones sobre la Comunidad de Madrid y sus instituciones”.
En lo que al centro hospitalario de Torrejón se refiere, cabe recordar los audios desvelados por El País que demostraban que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, pedía que se ampliaran las listas de espera; o que se reutilizaban materiales de un solo uso.
Los defensores de este modelo de gestión, incluyendo el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, han sostenido siempre que el modelo de gestión no afectaba a la actividad clínica, que la calidad asistencial era máxima y que la seguridad del paciente en ningún momento estaba en riesgo o supeditada a los intereses económicos de la empresa gestora. Sin embargo la evidencia científica ha constatado que lo modelos de gestión privada de los servicios sanitarios no son más eficientes debido a sus muy habituales sobrecostes, no generan mejores resultados en salud y sí generan con frecuencia peor equidad y peores indicadores de calidad”, expresa el partido.
Asimismo, rememora que no se ha llevado “unas auditorias sólidas” sobre el hospital o, al menos, no han sido públicas: “Esta opacidad es incompatible con el principio de rendición de cuentas al que este Gobierno debe plegarse”.
“(Existió) una sucesión de empresas gestoras en apenas 14 años que refleja un modelo estructuralmente inestable, acompañado de importantes dificultades económicas, llegando el hospital a estar al borde del concurso de acreedores en enero de ese año prorrogándose en dos ocasiones y pudiendo negociarse una reestructuración de la deuda del hospital gracias al rescate de 33 millones de euros en julio del presente año aprobado por el Consejo”, acentúa.
Con todo, asevera Más Madrid que es “imprescindible el esclarecimiento” de estas y otras cuestiones, “sin menoscabo de las actuaciones de la Justicia ordinara”. “Es un deber inexcusable de esta Cámara ejercer su función de control”.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional
Hace unos días, el TC advirtió el Partido Popular de la Autonomía madrileña de que no podía bloquear sistemáticamente iniciativas contra la dirigente del PP en la administración Sol a través de la Mesa del Parlamento, que utiliza a su antojo para vetar día sí y día también preguntas de la oposición.
En paralelo, el PSOE de Madrid (PSOE-M) recibió la razón del organismo para que la Mesa aceptara cuestiones relativas a las amenazas de Rodríguez a periodistas. El Constitucional admitió después a trámite una nueva reclamación, esta vez del partido de Bergerot, que ponía también el acento en el bloqueo del PP a la creación de comisiones de investigación sobre los contactos sanitarios de emergencia firmados durante la pandemia del Covid.