No es ningún secreto que el hospital Ramón y Cajal es uno de los favoritos de la Comunidad de Madrid desde que la presidenta es Isabel Díaz Ayuso. En los últimos días salía a la luz el caso de Miguel González, un pintor que, a través de su empresa, Pinturas Rosell S.L., había cerrado 1.641 contratos a dedo con la Consejería de Sanidad desde 2016, pero esto implicaría una mínima parte de la relación entre el centro sanitario y la lideresa regional.
Se trata de uno de los espacios sanitarios que más dinero ha recibido de las arcas públicas a través del fraccionamiento de contratos no solamente con la actual encargada del Ejecutivo, sino también con su predecesora, Cristina Cifuentes (atendiendo a los datos de los que dispone este periódico), pero llama la atención el año de la pandemia -2020-, cuyos números ElPlural.com ha podido analizar más en detalle.
Un informe de Audita Sanidad, colectivo ciudadano que trata de poner negro sobre blanco respecto de la contratación sanitaria en la región, recoge que solamente en ese curso el Ramón y Cajal hizo 44.358 contratos menores por valor superior a 98 millones de euros.
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Le sigue, según estas cifras con las que Audita Sanidad acompaña una denuncia que interponen este jueves ante la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIResCon), dependiente del Ministerio de Hacienda, el Gregorio Marañón con más de 36.000 contratos menores y un importe superior a los 127 millones de euros.
En otro orden de cosas, la empresa más beneficiada por esta vía de contratación con el mencionado centro fue Siemens S.A (12 contratos al Ramón y Cajal de un total de 27 menores). Sin embargo, y aunque no fue el hospital que más adjudicó, también cerró un importante número de contratos con Siemens Healthcare y con Meditronic SL.
Sospechas de fraccionamiento indebido
Ateniéndose a los números, el Hospital Universitario Ramón y Cajal formalizó 142 contratos menores por un importe -sin IVA- de 474.773,89 euros, para un mismo producto (reactivos y kits de placas tectónicas y de biología molecular) que, desliza la entidad, “inducen a la sospecha de fraccionamiento indebido”.
Estos contratos representan cerca del 22% del total de contratos menores que fueron adjudicados por el hospital que protagoniza estas líneas, así como el 35,3% del importe total sin tener en cuenta el IVA.
De igual forma, con un total de 566 contratos menores y un importe de 7.796.085,96 euros, el centro ha formalizado la compra de un mismo producto, lo que lleva al colectivo a la misma sospecha.
Más allá de pandemia
El hospital Ramón y Cajal ha sido noticia en la última semana por haber adjudicado 1.182 contratos a Pinturas Rosell SL, empresa de Miguel González. La relación entre las partes, en la que intentó profundizar este medio de comunicación sin éxito al no obtener respuesta del propietario de la compañía, data de 2016, como publica el diario El País.
Desde entonces se han llevado a cabo 1.641 contratos menores adjudicados a la firma de González, lo que se traduce en un encargo cada dos días; y resulta sorprendente algunos de los motivos y las cantidades, desde “Repaso goteras” (363 euros) hasta “Pintado aseo por avería agua” (278,28) o, ya más elevado “Bordillo piramidin y taxis” (más de 3.000 euros). En total 4,7 millones de euros.
El empresario defendía que se trataba de una práctica que no se encuentra fuera de la ley, y es cierto. El problema viene cuando es recurrente como en el caso de Madrid, donde Audita Sanidad, asegura, es “sistémico”.
El portavoz de la entidad, Vicente Losada, advertía del peligro de llevar la contratación menor al extremo: “El concurso de licitación permite que diferentes empresas puedan competir ofertando un determinado producto, suministro o servicio en condiciones, que se puedan comparar (…) Pero esto no beneficia a la ciudadanía porque se producen unos sobrecostes desmedidos que acaban suponiendo un despilfarro de dinero público”.
El hermano de Ayuso, Tomás, también guardaba una estrecha relación con el centro hospitalario, y es que el parentesco de la presidenta obtuvo más de 71.000 euros a cambio de proporcionar supuestamente lámparas y pantallas sin concurso a través de su empresa Artesolar Iluminación entre 2019 y 2020.
Los casos de nombres llamativos en términos de contratación en el Madrid de Ayuso son muchos y muy variados. En los últimos meses este periódico se hacía eco de la situación de Bricomoreno, una microempresa de carpintería de un concejal del PP que había facturado millones de la región con el mismo proceder, en su caso sobre todo, pero no solo, en el Gregorio Marañón.
Audita Sanidad no dispone de los datos pormenorizados del último quinquenio (aunque aseguran en declaraciones a este medio que están trabajando en ello), pero la contratación menor es la máxima del gobierno ‘popular’ en la Autonomía. Así lo refleja el activista Óscar H. (Ciudadano O_O): denuncia 18.474 contratos por 226 millones en adjudicaciones troceadas solo en 2024.